El Gobierno de Francisco Camps requirió al Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos para numerosos asesoramientos y en diferentes departamentos e instituciones. Su director, envuelto ahora en el escándalo de los másteres que le ha costado el puesto a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a la exministra de Sanidad Carmen Montón, tenía un gran predicamento entre los cargos populares que también hicieron el camino inverso y acabaron trabajando como profesores en su instituto.
Es el caso de Alexandre Català, el exsubsecretario de la Conselleria de Inmigración condenado a cuatro años y medio de prisión -pena que cumple en la actualidad- por formar parte de una trama de saqueo de los fondos públicos para la cooperación internacional que lideró el exconseller Rafael Blasco. En el curso 2008 y 2009, Català formó parte del consejo del Instituto de Derecho Público que dirigía Álvarez Conde. Justo en mayo de 2009, cuando terminaba el curso, el departamento que gestionaba como número tres abonó una factura de 18.000 euros a la entidad de la URJC por un “Informe sobre los modelos de integración en las personas migrantes”.
Según la información en poder de eldiario.es, la factura la emitió el Instituto de Derecho Público el 28 de abril de 2009 y le fue pagada el 19 de mayo del mismo año. Ni treinta días después, todo un logro en una administración autonòmica que ya había colapsado con la crisis y que llegó a pagar a sus proveedores a más de 120 días. No fue el único trabajo remunerado por la Conselleria de Blasco y Català por asesoramientos varios.
Desde la propia subsecretaría se pagó el 17 de julio de 2008 6.000 euros por un estudio del marco legal de la integración. A principios de ese año, en enero, se habían abonado al instituto de Álvarez Conde otras dos facturas de 6.000 euros cada una por un “estudio sobre la normativa vigente” y la otra por información en materia de inmigración.
Además de Català, como miembro del consejo del Instituto también estaba el concejal del Ayuntamiento de Valencia con Rita Barberá Félix Crespo, imputado en el caso Taula por la presunta financiación ilegal del PP.
Álvarez Conde consiguió otros contratos que ya había revelado eldiario.es, como los 30.000 euros del convenio con el Instituto Universitario de Derecho Público de la URJC en 2008 “para actividades en el ámbito del bienestar social” y la Conselleria de Bienestar Social del poliimputado Juan Cotino y el encargo del Consell Jurídic Consultiu a Álvarez Conde para que elaborara los “Comentarios a la Constitución Europea”, su obra magna.
Entre 2008 y 2009, el Instituto de Derecho Público de Enrique Álvarez Conde recibió 81.120 euros de dinero público del Gobierno de Francisco Camps. Mientras, fichaba a Alexandre Català y otros cargos del PP para su consejo en la polémica entidad.