Los pagos del PP a los abogados de la trama Gürtel serán tema de largo recorrido. El viernes, el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, aseguró que llevaría toda la documentación al Tribunal de Cuentas para que investigue si es legal pagar con dinero público, procedente de las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios, las minutas durante la instrucción del Caso Gürtel.
Este martes, los portavoces de los grupos parlamentarios han sido prudentes al respecto y esperarán a que el tribunal se pronuncie para iniciar una investigación parlamentaria. Lo mismo hará el PP, según ha confirmado su portavoz adjunta, Maria José Catalá, ya que la número uno del partido estaba reunida con la vicepresidenta del Gobierno.
Sin embargo, sin querer entrar a valorar si estos pagos son o no legales, el resto de formaciones tiene claro que no son muy éticos. En concreto, PSPV y Compromís han acusado al PP de proteger a sus “conseguidores”.
¿Por qué el PP y su grupo parlamentario deciden pagar la defensa de esta gente imputada por casos de corrupción y por el saqueo de arcas públicas?“ se preguntaba Fran Ferri, síndic de Compromís. ”Porque actuaban como conseguidores de dinero y recursos públicos para ganar elecciones. Si a tus conseguidores los maltratas y no los defiendes... pues difícilmente seguirás consiguiendo dinero“, se respondía el portavoz, en la misma línea en la que se pronunciaba el PSPV.
El portavoz socialista, Manolo Mata, considera que no tiene sentido realizar los pagos “de espaldas a la gente”, ya que se hicieron mientras el entonces líder del partido, Alberto Fabra, hacía gala de las 'líneas rojas' contra la corrupción y apartaba a los dirigentes implicados en cualquier investigación en esta materia. “Es un pacto mafioso para proteger a determinadas personas”, ha señalado el síndic.
Según El Mundo, los pagos fueron a parar a la defensa del exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; la extesorera y exdiputada, Yolanda García, y el exvicesecretario regional, David Serra, así como a Milagrosa Martínez, ex consellera de Turismo y ex presidenta de las Cortes valencianas, imputada en la pieza por Fitur.
Por su parte, desde Podemos han recordado que el año pasado se aprobó su propuesta para crear una subcomisión parlamentaria que investigara la financiación electoral del Partido Popular y que todavía, siete meses después, no se ha constituido. Desde Ciudadanos consideran que “el dinero público es sagrado” y su portavoz, Alexis Marí, “no ordenaría esos pagos” que, en algunas ocasiones, alcanzaron los 40.000 euros.