Las empresas del llamado modelo Cotino, consolidado por el expresidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, en beneficio de la empresa de su familia y otros gigantes del sector de las residencias de la tercera edad, han ganado varios millones de euros gracias al trato de favor recibido por parte de la Generalitat. Según algunas estimaciones, hasta cuatro millones más de los que hubieran obtenido sin privilegios.
Estas empresas reciben desde 2007 financiación pública por acoger a ancianos en sus instalaciones cuando hay centros públicos sin ocupar e, incluso, residencias públicas cerradas. Y las plazas de accesibilidad, aquellas de centros privados que son subvencionadas por la Generalitat, son un suculento negocio. Cobran más por plaza que otros centros con conciertos (hasta 56,14 euros frente a los 50 que reciben ayuntamientos o entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo) aunque afrontan exigencias menores que otros centros en número de personal y salarios. Una operación redonda.
Según cálculos del sector, en base a simulaciones sobre centros con 50 plazas disponibles y un 75% de ocupación, las empresas beneficiadas por el sistema han podido facturar casi 4 millones de euros extra desde 2007, cuando Cotino diseñó el actual sistema. Con él en la Conselleria de Bienestar Social, entre 2006 y 2009, la empresa de su familia, Savia, multiplicó por cuatro sus ingresos procedentes de la Generalitat: de 11,2 a 40,5 millones de euros.
Savia fue impulsada por la familia Cotino – con varios imputados en el caso Gürtel- y en ella también ha participado Enrique Ortiz, el empresario imputado en varios de los episodios de corrupción que azotan Alicante. Las otras empresas beneficiadas son Novaire, La Saleta o Solimar. Entre las cuatro gestionan 6.000 de las 6.400 plazas de accesibilidad social.
Solimar está presidida por Eugenio Pérez Mifsud, exalcade de Tavernes de Valldigna por el PP y comisionado de la Generalitat para la Copa del América 2007 y Novaire es de OHL, la empresa del Ibex 35 propiedad de Juan Villar Mir, vinculado a supuestas donaciones ilegales al PP. Varias de ellas han presentado recursos contra posteriores decisiones de la Conselleria de Bienestar Social que, entendían, van contra sus intereses.
El resto del sector, levantado en armas contra un sistema que creen que beneficia a unos pocos, tampoco se ha quedado parado. A través de AERTE, la patronal del ramo, ha reclamado insistentemente que parte de las plazas que son coto privado de Savia, Novaire, La Saleta o Solimar salgan a concurso para romper el lucrativo “monopolio de plazas concertadas” que existe ahora.
Incertidumbre en el futuro del sector
La Generalitat, en palabras del vicepresidente, José Ciscar, anunció “un proceso abierto y transparente que pueda permitir el mayor número de operadores posibles y dar el mejor servicio a las personas”. Sin embargo, la legislatura se agota, y el anhelado concurso no llega, para alivio de las empresas del modelo Cotino y desespero de otras.
Según las encuestas ni el PSPV ni ningún otro partido ahora en la oposición podrá formar gobierno en solitario, por lo que, en caso de derrota del PP, la política de la tercera edad deberá ser debatida y consensuada por varios socios. Si la mayoría son de izquierdas (PSPV, Podemos, Compromís y EU son los candidatos a entrar en el parlamento valenciano), una cosa parece clara: se hará todo lo posible para acabar con el modelo Cotino.