El PP ha rechazado la proposición no de ley presentada por Esquerra Unida para que Les Corts insten al Consell a suspender con carácter cautelar y de forma inmediata la tramitación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para implantar IKEA en Alicante, y que está promovida por una mercantil participada por el empresario Enrique Ortíz.
De la mano de Alfredo Castelló, los populares han argumentado el rechazo a esta iniciativa alegando que este proyecto supone una “nueva regulación” para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante y, por tanto, la ATE es un instrumento “que va a borrar el planeamiento anterior y va a hacer una visión global”.
Castelló ha apuntado que, “al ser un procedimiento independiente, la paralización carece de motivación” y suspenderlo supondría una “arbitrariedad” y para la Administración tendría consecuencias “a las que no nos podemos arriesgar”.
“En el tejado” del Consell
La diputada de EU Esther López Barceló ha señalado que la tramitación de este “pelotazo, que se lleva urdiendo en despachos de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y Ortíz para conseguir unos 100 millones de beneficio” para el empresario, se encuentra “en el tejado del Consell”. Por eso, y para no llevar al Consell a cometer un delito de fraude, se pide que la suspensión sea cautelar.
A juicio de López Barceló, las responsabilidades políticas “no pueden esperar un veredicto judicial”, y advertía de que la ATE de IKEA en Alicante “es la continuidad delictiva” del Plan Rabasa, después de la suspensión cautelar de este planteamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Del mismo modo, el parlamentario socialista Javier Macho ha llamado la atención acerca de que las investigaciones policiales “han mostrado que tanto el desarrollo del PGOU de Alicante como el de Rabassa y la tramitación de la ATE responden únicamente al interés de Ortiz”. Por ello, ha comentado que el voto del PP se entiende por el “poder que aún le queda poder a Ortiz” en las formación popular.
En la misma línea, la diputada de Compromís Mireia Mollà ha dicho que el problema del PP “es que Ortiz les pasará a todos por encima”. En su intervención, la diputada ha recordado que en una conversación grabada a Ortíz, el empresario “reconoció que si se paraba Rabassa se arruinaba y el PP no puede permitir que eso pase porque es más pieza fundamental que los que van a votar esta propuesta”. Además, ha insistido en que “no se entiende que un gobierno que quiere parar la corrupción no pare” este proyecto.
Nada que ver
En respuesta a los grupos de la oposición, Alfredo Castelló se ha preguntado “qué tiene que ver la ATE con todo lo que se ha dicho” de la investigación por los supuestos casos de corrupción y las conversaciones que se han leído entre Ortíz y dirigentes políticos. De esta manera, ha señalado que, aún en la hipótesis de que todo eso fuera cierto, la ATE “supone una nueva valoración y adopta nuevas decisiones de planeamiento diferentes”.
Por tanto, ha continuado, “si hay cosas raras con el PGOU y Rabassa, no puede ser que una ATE se suspenda de esta forma porque está por encima de todo lo que han dicho. Es una nueva regulación, un instrumento que va a borrar el planeamiento anterior y va a hacer una visión global”.