Gobiernos de PP y PSOE se han opuesto en cuatro ocasiones a ratificar la Convención de la ONU que permitiría juzgar las torturas de la policía franquista
La justicia no puede investigar la querella de un estudiante antifranquista detenido en la Jefatura Superior de Policía en 1971 y torturado por la Brigada Político Social porque España no ha ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de las Naciones Unidas del 26 de noviembre de 1968.
La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró el pasado 25 de septiembre en una respuesta al senador de Podemos, Joan Comorera, que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba “estudiando la mejor vía para que España pueda adherirse” al convenio de la ONU. Delgado recalcó el compromiso del Gobierno socialista con la lucha contra los crímenes contra la humanidad pero reconoció que “el problema es de retroactividad de la norma penal”, por lo que propuso estudiar “alternativas jurídicas”.
En la práctica, según recuerda el auto de la sección quinta de la Audiencia de Valencia que confirma la decisión del Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia de archivar la querella por torturas contra el policía de la Brigada Político Social, Benjamín Solsona, la falta de ratificación de la Convención “impide la persecución en España de los hechos susceptibles de ser calificado” como delito de lesa humanidad “cuya comisión es anterior al 1 de octubre del 2004”.
Según recordó el senador de Podemos, la Comisión de Exteriores del Congreso aprobó en 1994 una Proposición No de Ley que instaba al entonces Gobierno de Felipe González a ratificar el convenio, algo que no ocurrió. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tampoco lo ratificó, como preveía el Plan nacional de derechos humanos que aprobó el Consejo de Ministros el 12 de diciembre del 2008. Por su parte, Alfonso Dastis, entonces ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Mariano Rajoy, respondió al senador Joan Comorera el 6 de febrero del 2018 que el Gobierno del PP tampoco ratificaría el convenio de las Naciones Unidas.
Sobre la querella contra el comisario Benjamín Solsona, conocido agente de la Brigada Político Social franquista, la Audiencia de Valencia no entra a valorar los hechos denunciados ni la abundante legislación internacional. “No es discutible la potente protección internacional frente al deliro de torturas, ni tampoco que diversos tratados internacionales de los que España es parte, propenden que los Estados firmantes eliminen la prescripción del delito de tortura, así como que el comité internacional contra la tortura dependiente de la ONU, critica que en España el delito de tortura no sea imprescriptible, pero todo este cuadro normativo internacional lo que refleja es un principio de deber ser, de lege ferenda [para una futura reforma de la ley], respecto a la necesidad de que nuestro ordenamiento jurídico penal interno haga una regulación en tal sentido, cosa que todavía no se ha producido”, señala el auto, del que ha sido ponente el magistrado José Antonio Mora Alarcón.
El querellante consideraba que los hechos, acaecidos en 1971, no estaban prescritos porque debía aplicarse el principio de lesa humanidad. Sin embargo, la Audiencia de Valencia ha confirmado el archivo de la querella y el equipo de abogados, coordinado bajo el paraguas de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, recurrió la decisión ante el Tribunal Constitucional. De hecho, tal como publicó este diario, fuentes jurídicas consultadas no descartan que el caso llegue a la justicia internacional.
El ex senador de Podemos, Joan Comorera, observa “poco aperturismo a la hora de juzgar los crímenes de lesa humanidad producidos durante el franquismo”. “Los jueces no quieren abrir este tema y es evidente porque, si fueran más valientes, hay armas suficientes para intentarlo”, declara Comorera a este diario en conversación telefónica.
Amnistía Internacional también ha criticado en diversas ocasiones “el comportamiento por parte de todos los poderes del Estado español” que “parece estar orientado a buscar que se garantice la impunidad de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo”. Así se deduce, según la ONG de defensa de los derechos humanos, “del rechazo de los jueces españoles, amparados por el Tribunal Supremo, de investigar” las denuncias por crímenes del franquismo.
De hecho, el auto de la Audiencia de Valencia hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual “para la aplicación directa de dichas previsiones internacionales es requisito sine qua non una transposición al derecho interno de las mismas”. “De lo contrario los tribunales españoles excederían con creces su jurisdicción al actuar como tribunales internacionales y no sujetos, por ello, a la ley española”, añade el auto.
Lucila Aragó, portavoz de la Plataforma de apoyo a la Querella Argentina del País Valenciano que ha auspiciado las querellas en la capital del Turia, explica que pretenden “llegar a las instancias necesarias en la búsqueda de la justicia”. “Estamos convencidos de que estos crímenes son causa de enjuiciamiento porque se trata de crímenes de lesa humanidad y, según la justicia internacional, no prescriben”, añade. El querellado, un conocido agente de la Brigada Político Social de Valencia, continuó su carrera profesional en democracia pese a sus turbios antecedentes, y fue nombrado Jefe Superior de Policía en Bilbao y en Palma en la década de 1980.
