El PP pondrá el acelerador para materializar el control de la televisión pública valenciana. El Gobierno valenciano prevé que en 2025 la nueva televisión pública pueda echar a andar. Con la nueva ley aprobada por las Corts Valencianes, los populares arrancarán el curso parlamentario con la vista puesta en nombrar al consejo de administración de la Corporación audiovisual, que controlarán gracias al cambio legislativo.
La idea es llevar la votación del órgano al primer pleno ordinario, justo después del debate de política general en el que Carlos Mazón dé cuenta de su proyecto anual al frente de la Generalitat Valenciana, para que el órgano funcione en octubre. Los populares confían en un proceso rápido para poner a punto el consejo administrativo, que podrán controlar gracias a su mayoría parlamentaria y los cambios emprendidos con el apoyo de Vox.
El PP solo necesita el apoyo de cualquier otro grupo de la oposición para nombrar a los nuevos consejeros y se muestra abierto a todas las opciones políticas. En caso de bloqueo por parte de la izquierda, que se niega a negociar con los ultras, podrían nombrar a los consejeros junto a Vox en una segunda votación. Con todo, desde el PP confían en que socialistas y Compromís planteen nombres, incluso que se abran a rescatar al actual presidente, Miquel Francés, un nombre que podría encajar a los de Mazón.
El Consell deberá crear una empresa publica que gestione el servicio audiovisual y asuma lo que hasta la fecha viene realizando la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicació. Para ello, el primer mandato es que las Corts nombre a los consejeros. Una vez constituido el órgano de Administración comenzarán la maraña de las cuestiones técnicas: cómo este nuevo ente absorberá la corporación y la sociedad mercantil actual, fruto de un complejo entramado legislativo aprobado por la primera mayoría parlamentaria de izquierdas. Las Corts eligen a siete consejeros y el octavo restante lo propone la Federación Valenciana de Municipios y provincias, también de mayoría conservadora. Será este mismo órgano quien escoja de entre sus miembros al presidente, al contrario que con la ya derogada norma, que establecía que lo escogiera el Parlamento autonómico.
El Ejecutivo autonómico también deberá dotar al nuevo ente de presupuesto en las cuentas que ya están en elaboración, así como mantener una partida para el todavía existente. Más adelante, Hacienda deberá desarrollar el mecanismo para subrogar al personal. Está, además, el conflicto con el IVA, a la espera de resolución judicial.
Los actuales consejeros han alertado del contenido de la norma, advirtiendo que elimina la participación y aumenta el control político. “La modificación supone una pérdida de pluralidad manifiesta, se aleja de los estándares europeos más elementales, y contradice ostensiblemente las afirmaciones del preámbulo III de la nueva ley sobre À Punt”, afirmaron. “No hace falta estar avalado por un currículum verificable y público” para dirigirla, sostienen.
1,5 millones en contenidos audiovisuales
El Ejecutivo autonómico suscribió este miércoles un convenio con À Punt para inyectar un millón y medio de euros para contenidos audiovisuales en la cadena pública. La Generalitat Valenciana aportará un millón y medio de euros que se destinarán a la creación, generación y producción de contenidos “con sello valenciano”. El objetivo es “contribuir en la dinamización del sector audiovisual valenciano”, según ha anunciado Carlos Mazón.