El PP valenciano suma 127 imputados, dos dirigentes de primera línea condenados por casos de corrupción y un tercero por un delito fiscal, Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón. Ninguno de ellos ha pisado la prisión, aunque todas las penas son de cárcel. ¿Por qué?
Rafael Blasco: 8 años de prisión
Hombre fuerte del PP durante lustros, Blasco, que se inició en la política en la FRAP y pasó por el PSPV-PSOE, ha sido conseller en siete ocasiones. Casi siempre vinculado a –no probadas- operaciones turbias, su paso por Cooperación resultó fatal: ha sido condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por saquear las ayudas al desarrollo de la Generalitat.
Ha evitado la prisión, a la espera de la resolución de su recurso ante el Tribunal Supremo, tras pagar una fianza de 200.000 euros. La Fiscalía pedía una cantidad 10 veces superior, dos millones. Blasco ha reunido el dinero en apenas 24 horas. El alto tribunal podría resolver el caso en algo más de seis meses.
Carlos Fabra: 4 años de prisión
El cacique de Castellón, quinta generación de presidentes de la diputación provincial, el todopoderoso Fabra, está políticamente muerto. Ha sido condenado a 4 años de prisión por varios delitos fiscales aunque los jueces no le encontraron culpable de cohecho y tráfico de influencias, en contra del criterio de Anticorrupción. Los años y el tipo del delito, mucho más en el caso de que Fabra pagara los 700.000 euros que se le reclaman, hacen muy improbable su entrada en la cárcel. El caso también está pendiente de recurso ante el Supremo.
Pedro Hernández Mateo: 3 años de prisión
El exdiputado en las Corts Valencianes fue condenado a tres años de cárcel por falsedad en documento público y prevaricación cuando ejercía de alcalde de Torrevieja (Alicante, 105.000 habitantes). El mismo tribunal que lo juzgó suspendió su ingreso en prisión a la espera de la eventual concesión del indulto solicitado al gobierno, que, en medio de una notable polémica, fue apoyado por el 80% de diputados autonómicos del PP.
El Tribunal Superior de Justicia valenciano contó con el informe favorable del fiscal SJCV y valoró la duración de la pena y que Hernández Matero pagara la multa, la indemnización al ayuntamiento y las costas del proceso. El gobierno de Mariano Rajoy ya ha indultado a siete corruptos.