La lucha por los derechos y dignidad LGTBI conlleva una larga historia de reivindicaciones del colectivo en particular y de la sociedad en general. Una larga historia de la que en ningún momento ha formado parte el Partido Popular excepto para poner trabas a los tímidos pasos que se han venido dando para conseguir una sociedad igualitaria y sin discriminaciones.
El sábado 19 de mayo, día mundial contra la LGTBIfobia, tuvo lugar en Alicante la V Edición de los Premios Angie Simonis, que reconocen la labor y el compromiso de instituciones, entidades y personas que trabajan por la igualdad y en contra de la discriminación.
Para entregar uno de los galardones en la edición de este año, intervino en la gala la recién estrenada Concejala de Comercio, Hostelería, Consumo, Deportes, Mercados y Sanidad del Ayuntamiento de Alicante por el Partido Popular, lo que provocó la desvinculación de los premios de la familia de Angie Simonis y el estallido de una agria polémica sobre la idoneidad representativa de la persona invitada al acto.
Angie, la activista por los derechos LGTBI que da nombre a los premios, se definía a sí misma como rebelde y su viuda ha justificado su decisión de desvincularse por el rechazo que le suscita la participación en la gala de entrega de galardones del partido político que ha enmendado en su totalidad el Proyecto de Ley contra la discriminación por orientación sexual, que ha recurrido la Ley de matrimonio de personas del mismo sexo y que, en general, ha practicado políticas de represión sobre las demandas del colectivo.
Ya que los Premios Angie Simonis tienen como objetivo el reconocimiento a quienes han contribuido a ampliar las libertades y derechos civiles, luchando contra la discriminación y en favor de la diversidad, parece razonable y legítima esta reacción de la familia. Aún más, esa toma de posición en forma de portazo, se hace hasta necesaria para denunciar el grado de hipocresía de una sociedad que no ve oprobio alguno en que una de las personas que entregue el premio sea concejala del Partido Popular que es el principal enemigo político de la lucha LGTBI.
No parece en cambio tan razonable que la organización del acto desautorice la manifestación de la familia utilizando el argumento de que la concejala del Ayuntamiento lo hacía en nombre de la “ciudadanía alicantina”, puesto que el cargo que ostenta se debe en exclusiva a su afiliación a la formación política que en todos los ámbitos ha gobernado ignorando, cuando no persiguiendo, las aspiraciones LGTBI y que jamás ha defendido, ni avalado, las reivindicaciones de este colectivo.
Menos aceptable todavía es argumentar, como lo ha hecho la organización de la edición de 2018 de los premios, que admitir la asistencia y participación activa de la edil popular sea dar la bienvenida a la causa a personas ajenas hasta ahora a la misma, puesto que militar por una causa no consiste en la asistencia a actos protocolarios sino en desarrollar la trayectoria de trabajo en las instituciones que deben cuidar y velar por los derechos de las personas LGTBI y de toda la sociedad.
Si es reprochable que la organización desprecie la legítima protesta de la familia, es inadmisible que resalte el menosprecio aludiendo a la militancia de la viuda de Angie en una formación política que no ha tenido ninguna relación con las desavenencias concretas surgidas en esta edición de los premios, pero que comparte los fines para los que se crearon, galardonar la contribución a la defensa de los derechos sociales del colectivo LGTBI. En el comunicado público emitido por la entidad organizadora se llega a acusar a la familia nada menos que de actuar con una “componente electoralista y partidista en relación con la pertenencia de ésta (por la viuda) a un determinado partido político inmerso en un proceso de primarias”, olvidando, como si fuese irrelevante, lo que ha significado en la lucha del colectivo la implicación de algunas fuerzas políticas, especialmente una en concreto, precisamente la que ha sido impulsora en el Congreso de la Ley de Igualdad LGTBI, la llamada Ley Trans y de otras, como la Ley Integral de Reconocimiento de la Identidad y Expresión de Género de la Comunidad Valenciana.
En tiempos de convulsión política el refrán “Hechos son amores y no buenas razones” es más oportuno que nunca. Sería letal que unos premios que nacieron pretendiendo defender y representar al colectivo LGTBI acabasen atrapados en las redes del fariseismo social que ancestralmente ha sojuzgado a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.
Admitir como normales actos oportunistas de simulación no ayuda a avanzar.