La absolución del presidente de la Junta de Festes, Juanvi Bellido, a propósito de la denuncia de la funcionaria, Ainara Conesa, vuelve a abrir una brecha entre el propio festero y el Ayuntamiento de Castellón. De hecho, pone en una difícil posición a la concejala de Fiestas, Sara Usó, quien durante el juicio por un delito leve de presuntas amenazas, celebrado el pasado 7 de julio bajo una inusitada expectación mediática en la ciudad, respaldó como única testigo la versión de la empleada pública del Patronat en relación a los hechos ocurridos el 28 de enero.
Sin embargo, la magistrada, en su sentencia exculpatoria, duda de la credibilidad del testimonio de la munícipe. Así, según se recoge en la resolución, “no se puede descartar la existencia de motivos espurios en la Sra. Usó por cuanto existen numerosos elementos públicos y notorios de enemistad manifiesta de la misma hacia el denunciado”. En este punto, la jueza puntualiza que “esta juzgadora atendiendo a las reglas de la sana crítica no puede darle relevancia probatoria a la declaración testificar de dicho testigo”.
Además, la titular de la sala de instrucción número 5 de Castellón considera que la declaración de la concejala de Fiestas “debe cogerse con la necesaria cautela teniendo en cuenta que tan solo escucha una expresión proferida en el contexto de una conversación entre las partes cuyo contenido ignora, por lo cual sus manifestaciones carecerían de relevancia acreditativa”.
Usó afirmó en el juicio, a instancias de la jueza, que “estuve presente aquel día en el despacho y oí perfectamente las amenazas (a través del manos libres). Me quedé sorprendida de la conversación y le dije a la funcionara que cortara. Distinguí perfectamente la voz de Bellido”. Unos minutos antes, Conesa había ratificado su declaración sobre las palabras pronunciadas por el presidente de la Junta de Festes y que formaban parte de la denuncia: «A partir de ahora voy a destruirte profesional y personalmente, haciendo lo que sea necesario y lo que haga falta».
El abogado de Bellido trató de demostrar en todo momento que las acusaciones de la concejala y de la funcionaria obedecían a una campaña de persecución y descrédito hacia su cliente, tesis que la magistrada entiende como posible “porque ambas partes han reconocido la mala relación laboral”, tal cual aparece en la resolución.
Las diferentes entre el Ayuntamiento de Castellón y la Junta de Festes vienen de lejos. Prácticamente desde que el nuevo equipo de gobierno (PSPV-PSOE y Compromís) logró desbancar al anterior presidente, Jesús López, muy cercano al Partido Popular. Bellido fue la apuesta del bipartito, pero apenas unas semanas después de su toma de posesión comenzaron a aflorar las discrepancias. La tirantez tuvo una primera consecuencia con la dimisión de la concejala de Fiestas, Carmen Oliver. Quedaban 40 días para la celebración de La Magdalena y el consistorio debió actuar con celeridad para evitar una crisis. Así, la elección de Sara Usó como sustituta se reforzó con el nombramiento de una nueva gerente del Patronat de Festes, Silvia Agost, órgano encargado de fiscalizar las cuentas.
Pero las medidas de urgencia no resolvieron el problema. Al contrario, se agravó. A finales de junio trascendió que el presupuesto de fiestas acumulaba un desfase de 241.489,13 euros por irregularidades en la facturación. La revelación precipitó la renuncia de Agost como gerente, que se hará efectiva este lunes. El ayuntamiento abrió una investigación, que concluyó con la comparecencia a petición propia de la edil de Fiestas en el pleno del pasado 28 de julio. Usó garantizó que no habría más errores y anunció una aportación extraordinaria para pagar a los proveedores. El debate parecía zanjado. Sin embargo, el contenido de la sentencia exculpatoria a Bellido deja a la concejala en una situación incómoda.