Unas 50.000 familias de la Comunitat Valenciana están pendientes de cobrar ayudas para la adquisición de viviendas protegidas por un valor total aproximado de 250 millones de euros en cumplimiento del Decreto 66/2009, de 15 de mayo, del Consell por el que se aprueba el Plan Autonómico de la Vivienda.
Las personas afectadas se constituyeron en la Plataforma de Afectad@s por Ayudas a la Vivienda, que exige la habilitación de créditos por parte del Consell para el pago de los cheques de acceso a la primera vivienda, así como que el Gobierno conceda las prórrogas de subsidiación de préstamos convenidos a todos los interesados que cumplan los requisitos.
Desde la plataforma denuncian que estas ayudas también han quedado fuera de los presupuestos de 2014, “que sólo prevé pagar a 27 personas de un total de 50.000 afectados”, lo que supone un 0,6% del total que se adeuda, lo que consideran “inaceptable. Nos sentimos estafados por el gobierno de Fabra”.
Ante esta situación, este colectivo ha decidido denunciar a la Generalitat ante el Parlamento Europeo por los impagos de ayuda a la vivienda, así como va a solicitar a la Comisión Europea que investigue las “irregularidades” cometidas.
En este sentido, se unirá a la Coordinadora Nacional de Afectados en su denuncia al Gobierno de Rajoy por la supresión retroactiva de la subsidiación de préstamos VPO, “en ambos casos se habrían vulnerado gravemente principios fundamentales de la legislación europea”.
La plataforma pide al Parlamento Europeo que exija a la Generalitat liquidar, “con carácter inmediato', la deuda contraida con 50.000 familias desde hace cuatro años (reconocimiento de la totalidad de la deuda, establecimiento de un calendario de pagos inmediato y pago por orden de resolución favorable); que se investiguen las causas que han llevado a este impago acumulado, determinando posibles responsabilidades; y que se inicien los procedimientos oportunos para exigir al Gobierno de España la derogación las disposiciones que suprimen retroactivamente derechos adquiridos de más de 300.000 familias (50.000 en la Comunitat Valenciana).
Los afectados apuntan que cumplían los requisitos para el acceso a las ayudas para VPO (compra, alquiler o rehabilitación) y que estos impagos por parte del Consell, unidos a otras situaciones personales como la pérdida del empleo, han llegado a provocar en algunos casos desahucios de sus viviendas.