El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha dictado el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, pone fin a la instrucción suplementaria y procesa al empresario José Ignacio Roca Samper en la pieza principal del “Caso Emarsa” por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la jueza concluye que existen indicios de la presunta participación de Roca, “en su calidad de administrador de las diferentes mercantiles constituidas ex profeso para el fin pretendido, diseñando y ejecutando de manera continuada con los demás investigados un plan de actuación con la finalidad de obtener, todos ellos, un beneficio patrimonial ilícito a costa de los fondos públicos” asignados a Emarsa para la explotación de la depuradora ubicada en Pinedo “mediante la interposición de manera artificiosa de diferentes mercantiles”.
El auto, que deja el caso preparado para el juicio, señala que “entre 2005 y 2010 Emarsa recibió facturas de distintas mercantiles (Etwas, Erwinin, Zonday, Printergreen, Notec) por la gestión de lodos y desbastes, bien por servicios que no fueron prestados en absoluto, bien por servicios realmente prestados por otras mercantiles (Adogs, Trabisa) a precio de mercado pero que, mediante la artificiosa interposición en la facturación de aquellas, fueron cobrados a la empresa pública a precios muy superiores a los existentes en un mercado normal”.
La instructora considera que Roca actuó en connivencia con los directivos de la compañía pública e interpuso sus empresas, que carecían de medios humanos, materiales y financieros para desplegar actividad económica alguna en la cadena de facturación de lodos y desbastes entre 2005 y 2010 para incrementar artificiosamente el valor de los trabajos realizados.
El juez da ahora un plazo de diez días a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral y formulen sus escritos de acusación; en este trámite pueden pedir también el sobreseimiento de la causa o, de manera excepcional, la práctica de más diligencias.
En busca y captura desde 2012
El investigado se encontraba huido de la Justicia desde el principio de la investigación y fue detenido en Moldavia. Su extradición se realizó el 15 de abril. Tres días después, la jueza, a petición de la Fiscalía, a la que se adherieron todas las acusaciones, acordó prisión provisional comunicada sin fianza.
La instructora tuvo en cuenta la falta de arraigo en España del imputado así como su habilidad para moverse en el extranjero y la posibilidad de intentar destruir pruebas o influir en testigos antes de la celebración del juicio.
Jorge Ignacio Roca Samper estuvo en busca y captura desde enero de 2012; fue arrestado en la República de Moldavia en julio pasado, tres meses antes de que comenzara el juicio por delitos de contra los otros 24 acusados de diseñar y participar de un entramado empresarial que durante al menos seis años (entre 2004 y 2010) detrajo más de 23 millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa).
Roca, imputado en la causa que investiga las irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo desde marzo de 2011, ha estado en ignorado paradero durante toda la instrucción. En enero de 2012, el magistrado instructor amplió la imputación que se dirigía contra él con nuevos hechos y delitos y días después, el 9 de enero, dictó orden de búsqueda y detención internacional.
La vista oral por la pieza principal, que inicialmente se iba a celebrar en la Audiencia Provincial de Valencia en su ausencia el pasado 2 de noviembre, se suspendió tras su detención en Moldavia. La Sección 1ª acordó devolver la causa al Juzgado número 15 para practicar una instrucción complementaria cuando el prófugo fuera extraditado, instrucción que ahora se da por concluida.
En la pieza principal del “caso Emarsa”, cuyo juicio quedó en suspenso tras la detención del empresario hoy encarcelado, están acusados por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación administrativa y falsedad en documento mercantil, exdirectivos de Emarsa, de Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), de Epsar (Entidad Pública de Saneamientos Residuales) y varios empresarios.
Roca está también procesado en la pieza separada número 6 por delito contra la Hacienda Pública. La jueza, tras realizar una instrucción suplementaria, concluye que emitió facturas por importe de 667.300 euros que no respondían a servicio alguno y favoreció con ello que la empresa contra la que giraba esas facturas defraudara más de 251.000 euros.