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La concejala del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de València Nuria Llopis ha exigido este martes al equipo de gobierno que rectifique el cambio de requisitos de acceso a las viviendas públicas de alquiler asequible porque solo beneficia a los promotores y no a las familias.
Según ha denunciado Llopis, el PP y la alcaldesa, María José Catalá, “han comenzado a privatizar la gestión de la vivienda pública en Valencia, cediéndola a los promotores, y por eso aumentan el límite máximo de renta para acceder a una vivienda pública de alquiler asequible, para hacerla más rentable ya que, a mayores ingresos de los inquilinos, mayor rentabilidad de los alquileres para los promotores”.
Los socialistas han criticado el cambio en los requisitos para acceder a una vivienda pública del Ayuntamiento de Valencia, al aumentar el límite de renta máxima y “dejar de priorizar a las personas que menos ingresos tienen, estableciendo cuotas por tramos de renta”.
“Exigimos a Catalá que rectifique esta agenda ultra que excluye a las personas vulnerables y que gobierne para todos y para todas porque olvida que la vivienda pública es un derecho y la convierte en un negocio”, ha señalado el PSPV, que ha exigido al equipo de gobierno que “mantenga el límite máximo exigible que ya existía para proteger a las familias más vulnerables”.
Según el PSPV, el Partido Popular ha aumentado los ingresos máximos del 3,5 a 4,5 veces el IPREM, alegando que esta franja de renta estaba “desatendida”.
“Este gobierno municipal no sabe gestionar vivienda pública, ya que ni siquiera conoce las herramientas que tiene a su disposición. Aumsa dispone de vivienda asequible para este perfil de familias, ya que el límite de ingresos que exige la empresa pública está en 4,5 veces el Iprem. Las viviendas que gestiona el Ayuntamiento para las que se aplica esta nueva normativa siempre se han considerado vivienda social, para perfiles de familias más desfavorecidas”, ha detallado.
Sin embargo, ha añadido que, con este cambio, el PP “obliga a competir a las familias más vulnerables con rentas más altas para conseguir una vivienda municipal”. Según Llopis, la lista de espera de viviendas sociales del Ayuntamiento supera las 1.840 familias, y con este cambio, “lo único que consigue el PP es que rentas más altas entren a engrosar esta lista, reduciendo las posibilidades de las más bajas de conseguir una vivienda, al establecer cupos”.
Por tanto, sostiene que “no existe ningún beneficio para los demandantes de vivienda” y cree que “no es casualidad que, ahora que el PP ha comenzado a privatizar la gestión de vivienda pública, cediéndosela a los promotores mediante permutas y derechos de superficie, se aumente el límite de renta máxima exigible a los inquilinos”. “A mayores ingresos de los inquilinos, mayor rentabilidad de los alquileres, puesto que no es recomendable que el alquiler supere el 30% de los ingresos familiares mensuales”, ha expuesto.
Sin embargo, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha respondido a Llopis que los dirigentes del PSPV “en cada una de sus declaraciones relacionadas con la vivienda demuestran el gran desconocimiento que tienen sobre estos temas, lo que sin lugar a dudas nos aclara las razones por las que fueron incapaces de poner en marcha una sola medida que afrontara el problema de la situación de la vivienda en la actualidad”.
El PP lo niega
“Es falso, y el PSPV lo sabe, que el Ayuntamiento de València haya privatizado la gestión de la vivienda pública y la haya cedido a los promotores y que haya aumentado la renta para acceder a una vivienda pública para hacerla más rentable y que se beneficie a los promotores”, ha manifestado.
En esta línea, ha añadido que la Vivienda de Protección Pública está regulada por un decreto de la Generalitat Valenciana donde establece las características, los precios de alquiler y de venta que deben establecer promotores y “es una competencia autonómica que desde el Ayuntamiento no podemos modificar”.
“El Ayuntamiento sí que ha modificado los criterios para la adjudicación de las Viviendas de Protección Pública en régimen de alquiler asequible con el fin de que más familias puedan acceder a las VPP”, ha sostenido, y ha añadido que, ante la evolución de los precios de los alquileres de la vivienda, el Ayuntamiento ha considerado necesario “flexibilizar” los criterios para adjudicar las VPP “con el fin llegar sectores y familias más amplias de la sociedad y que más familias se puedan beneficiar”.
Así, ha insistido en que se trata de la adjudicación de las Viviendas de Protección Pública “que son propiedad del Ayuntamiento; en ningún caso se está regulando o actuando sobre la VVP de promoción privada. Y eso el PSPV lo sabe y es despreciable mentir, distorsionar la realidad y enredar con declaraciones malintencionadas en un tema tan preocupante como es el acceso a la vivienda”, ha finalizado.