La portavoz del grupo municipal socialista y candidata a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha anunciado este jueves que su formación ha presentado 15
alegaciones a la Ordenanza de Movilidad con el objetivo de “proteger a las
personas viandantes“ e ”impulsar la movilidad eléctrica“.
Entre las propuestas de los socialistas al borrador de la normativa, destaca que el incremento de 5 a 10 kilómetros por hora para la velocidad de las sillas de ruedas de ruedas eléctricas de personas con movilidad reducida.
Además, en caso de superarse esta velocidad, proponen que puedan circular “por los carriles bici, calles residenciales, calles compartidas, ciclocalles o calzadas de zonas 30, acomodando dicha velocidad a lo establecido para las bicicletas en cada caso para no interferir ni poner en riesgo a las personas a pie”.
Otra de las novedades que han incluido es la posibilidad de que los usuarios de bicicletas y patinetes eléctricos puedan sacarse un seguro de responsabilidad de civil, así como registrar sus vehículos en el Ayuntamiento, con el objetivo de prevenir robos. Sin embargo, se trata de una recomendación, no de una obligación.
Además, plantean un nuevo capítulo con un total de cinco puntos enfocados a fomentar el uso de los vehículos eléctricos.
En el primer punto, garantizan que “el Ayuntamiento asegurará que las personas con vehículo eléctrico dispongan de una red de puntos de carga completa y suficiente para garantizar su uso en toda la ciudad”.
En cuanto a los puntos de carga “serán preferentemente de carga rápida para dar servicio a un número mayor de vehículos”.
Además, “instituciones, empresas, o particulares, podrán instalar puntos de carga en terrenos propios. En caso de querer establecerlos en calzada, la instalación deberá contar con autorización municipal”.
El punto cuatro propuesto establece que “se señalizarán los puntos de carga para hacerlos visibles, y se actualizará permanentemente el plano de la red existente en los diferentes canales de información municipal (webs, apps, open data, etc.)”.
Por último, “las autoridades competentes velarán por el mantenimiento y mejora de las infraestructuras para vehículos eléctricos a fin de evitar su progresivo deterioro. Si alguna de las infraestructuras existentes en la ciudad resultase afectada por cualquier tipo de intervención, derivada de actuaciones públicas o privadas, el agente responsable de la intervención deberá reponerla a su ser y estado originario”.
La ordenanza se encuentra en fase de alegaciones por parte de los grupos municipales, un plazo que concluye este viernes. Una vez se resuelvan, se abrirá el plazo de 30 días de expoisicón pública para que el resto de entidades y particulares presenten sus alegaciones.