El PSPV-PSOE incluye a una imputada entre los candidatos a la lista del Ayuntamiento de València
El portavoz de la ejecutiva comarcal del PSPV-PSOE de València, Borja Sanjuán, presentó el pasado martes la propuesta de 41 nombres aprobada por la dirección local de la que saldrá, por votación de los militantes, la lista final de 33 personas que concurrirá a las próximas elecciones municipales, encabezada por la actual portavoz municipal y secretaria general del partido en la ciudad, Sandra Gómez.
En esa lista de 41 figura Gemma Contreras, imputada por el caso Ivacor en el que se investiga la restauración de libros de particulares con fondos públicos.
Contreras, subdirectora del organismo en el momento de la imputación, ya ha prestado declaración ante el juez, junto a la exdirectora en la etapa de Camps, Carmen Pérez, y a Luis Caruana Font de Mora, que se habría beneficiado de la restauración.
La causa, que fue declarada compleja (lo que amplía de 6 a 18 meses el plazo de las diligencias), está en estos momentos parada a la espera de las periciales.
La investigación se inició después de una denuncia de la Fiscalía y sustentada en una denuncia anterior de la CGT.
Según la fiscal, las intervenciones del Ivacor sobre los libros de la colección familiar de Luis Caruana Font de Mora -primo hermano del exgobernador del Banco de España- “fueron llevadas a cabo con medios técnicos y recursos de la administración pública (por trabajadores de plantilla y autónomos contratados exprofeso) sin que haya mediado presupuesto ni contraprestación económica o convenio de colaboración o de cualquier otro tipo de apoyo contractual que justificase la realización de los trabajos”.
El ministerio público considera que el importe de los recursos humanos utilizados alcanzaría los 100.000 euros sin contar los costes de los talleres ni los materiales empleados y ve posibles delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.
Fuentes del PSPV han argumentado que Contreras está en la propuesta a las listas “como prácticamente todos los miembros de la ejecutiva” y que su imputación tiene que ver con una cuestión técnica puesto que era “una funcionaria que estaba ahí en el momento de los hechos” y no ostentaba “ningún cargo político, por tanto, tiene que ver con una cuestión profesional, pero no política”.
