Un puente que no cumple con su función de comunicar dos extremos y que además ha tenido un coste total de 36 millones de euros.
El puente primero levadizo y después giratorio que permanece abierto y sin uso en el Puerto de València es sin duda uno de los grandes despilfarros de la València de la Copa América y de la Fórmula 1.
Este es uno de los aspectos sobre el que pone la lupa el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de la actividad de la Autoridad Portuaria de València (APV) en la etapa del PP, en concreto entre los años 2007 y 2010, con Rafael Aznar como presidente de la entidad.
Tal y como recoge el mencionado documento, el Puerto antiguo de València se transformó como consecuencia de los acuerdos de integración puerto-ciudad (anteriores a 2007) suscritos por la APV y, especialmente, por las obras de adecuación del Puerto para la Copa América. Esta transformación consistió en reservar la dársena interior para un uso de ocio y deportivo y la apertura de un nuevo canal de salida al mar.
Según el informe, “la APV estimó conveniente que el Puerto tuviera por el norte una salida alternativa y de emergencia para camiones y vehículos, para lo que se necesitaría un puente que cruzara el nuevo canal”.
A finales del ejercicio 2001 se inauguró el puente levadizo con un coste de 14 millones de euros para dar acceso a la dársena interior, pero con la nueva configuración del puerto quedó inutilizado.
Por este motivo, se desarrolló y aprobó el proyecto de reubicación del puente móvil del Puerto de Valencia: “El contrato de la obra se adjudicó en septiembre de 2007 mediante un procedimiento abierto por 11 millones de euros; posteriormente se autorizó una modificación del proyecto que supuso un incremento de 2,2 millones de euros más”, según el Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, su traslado requiere de obras complementarias. Por este motivo, tal y como recoge el informe, el 29 de noviembre de 2008 se aprueba y adjudica “directamente al contratista de la obra principal un proyecto de obras complementarias al proyecto de reubicación del puente móvil del Puerto de Valencia por importe de 5,5 millones de euros”. El objetivo era transformar el puente levadizo en un puente giratorio para completar el trazado del circuito urbano de Fórmula 1.
Finalmente, las obras fueron más caras de los previsto. Según el Tribunal, “el importe conjunto de estas obras complementarias, la modificación de la obra principal y las liquidaciones habidas supone un incremento sobre el presupuesto de adjudicación del proyecto primitivo de 9,5 millones de euros, un 86,9%”.
Así pues, los 14 millones de euros que costó el puente inicialmente más los 13 millones de la reubicación y los 9,5 millones de las obras complementarias suman un coste total de 36,5 millones de euros.
El informe del Tribunal de Cuentas destaca además un rosario de irregularidades en los procedimientos de los contratos. Por ejemplo, “el informe de la Inspección sobre la propuesta de modificación del proyecto de reubicación del puente móvil del Puerto de València concluía que a fecha de redacción del informe se habían ejecutado totalmente las obras de acuerdo con la propuesta del proyecto modificado; en este caso, además existía un acta de paralización de las obras fechada dos meses y medio antes de la fecha del informe, por lo que, en estos casos, las obras se ejecutaron siguiendo unos proyectos modificados aún no aprobados por el órgano de contratación”.
En cuanto a los proyectos de obras complementarias, tanto en el contrato como en la memoria del proyecto de las obras complementarias a la reubicación del puente móvil del Puerto de Valencia “no figuraba el plazo de ejecución”.
De acuerdo con la documentación del expediente, este contrato se firmó el 10 de diciembre de 2008, al día siguiente empezaron las obras, el 17 del mismo mes se terminaron y el 9 de enero de 2009 se levantó el acta de recepción provisional.
“Dada la complejidad de estas obras resulta imposible su ejecución en pocos días, poniéndose de manifiesto que las obras objeto de este proyecto complementario se habían comenzado sin que mediara contrato firmado ni proyecto debidamente aprobado por el órgano de contratación”, concluye.