El Puerto de València sigue adelante con su proyecto de ampliación norte a velocidad de crucero. El presidente de la Autoridad Portuaria (APV), Aurelio Martínez, ha anunciado este lunes que a lo largo de la semana remitirán al Boletín Oficial del Estado (BOE) el proyecto de la compañía Terminal Investment Limited (TIL), filial de la naviera suiza MSC, para su publicación y salida a exposición pública durante un mes.
El pasado mes de septiembre, el consejo de administración del organismo portuario acordó seleccionar la oferta de TIL (única que presentó al concurso) para adjudicarle el equipamiento y gestión durante 50 años de la nueva terminal de contenedores con una inversión de 1.021 millones de euros a cargo de la compañía.
El alcalde de València, Joan Ribó, se opuso a este trámite al considerar que la ampliación requiere de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que sustituya a la de 2007 y que tenga en cuenta los cambios que se han acometido sobre el proyecto inicial.
Martínez ha estimado en un plazo de tres meses la finalización del proceso de respuesta de las alegaciones y de obtención de los informes de compatibilidad necesarios para elevar al consejo de administración la adjudicación de la concesión a TIL.
Paralelamente, la APV ultima el proyecto definitivo de construcción de los nuevos muelles que contarán con una terminal de casi 2 kilómetros de largo por 700 metros de ancho, lo que equivale a una superficie de 136 hectáreas (140 campos de fútbol).
Martínez ha comentado que esperan tener el proyecto finalizado entre febrero y marzo y que prevén una reducción en los costes de unos 100 millones de euros, pasando de los casi 400 millones de inversión que estimaba el anteproyecto aprobado en 2018, a los 280 millones de euros.
El presidente de la APV, sin embargo, no ha especificado de dónde sale ese importante ahorro: “hemos reducido unas obras que nos han aconsejado que reduzcamos”, ha comentado en un primer momento Martínez.
Posteriormente, el director de la APV, Francesc Sánchez, ha descartado que estas reducciones tengan que ver con la necesidad de adaptarse a la DIA de 2007, puesto que el anteproyecto aprobado en 2018 prevé el uso de 23 millones de metros cúbicos de material de relleno para los muelles, 4 millones de metros cúbicos más de lo que establece el informe ambiental.
Sánchez ha asegurado que la configuración de los muelles se mantiene con las mismas dimensiones previstas en el anteproyecto y que el ahorro de los 100 millones sale de aspectos técnicos de la obra y de los materiales (estructuras de los cajones, tipología del hormigón, etc). Además, esperan que una vez salgan a concurso las obras las empresas que se presenten hagan ofertas a la baja sobre el presupuesto de licitación para obtener mejor puntuación en la valoración.
De esta forma, con la adjudicación de la concesión a TIL y con la aprobación del proyecto definitivo de la construcción de los muelles, la APV espera tener encarrilada la ampliación en un plazo de entre tres y cuatro meses, sin que el Gobierno se haya pronunciado sobre la necesidad de hacer una nueva evaluación ambiental.
Tanto el Ministerio de Fomento como el de Transición Ecológica siguen sin pronunciarse al respecto. El titular del primer departamento, José Luis Ábalos, aseguró en una visita a València el pasado mes de octubre que analizarían si es preceptiva una nueva DIA.
Además, la consellera de la consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, solicitó por carta el pasado 2 de agosto al Ministerio de Transición Ecológica que se pronunciara al respecto, sin haber obtenido aún respuesta.
La entrada de Podemos al ejecutivo central, de concretarse, podría dar un vuelco a la situación, puesto que la formación morada se ha mostrado en contra de la ampliación sin una nueva DIA, lo mismo que Compromís, cuyo apoyo también requerirá un eventual Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
Sobre las alegaciones presentadas por la Comisión Ciutat-Port, integrada por las entidades Per l’Horta, Acció Ecologísta Agró, Ecologistas en Acción, Asociació de veïns i veïnes de Natzaret y la Plataforma el litoral per al poble (PELPAP), en las que se solicita que se paralice cautelarmente la ampliación hasta que se haga una nueva DIA, tanto Martínez como Sánchez han explicado que han dado trasldado de las mismas a los miembros del consejo de administración y que se analizarán las respuestas.
Según Sánchez, “las alegaciones a la decisión del consejo de seleccionar la oferta de TIL no proceden salvo que las presente otra empresa o entidad como parte interesada, pero igualmente se están analizando las respuestas con la Abogacía del Estado”.