El informe de compatibilidad con la estrategia marina emitido por el Ministerio de Transición Ecológica , a través de la Dirección General de Costas, que plantea 21 objeciones a la aprobación del proyecto de la polémica ampliación del Puerto de València ha sembrado de dudas la viabilidad del proyecto.
Como ha informado elDiario.es tras publicar íntegramente el documento, la prohibición de extraer 2,6 millones de metros cúbicos de arena del banco de Cullera para rellenar los futuros muelles o la falta del programa de vigilancia ambiental del dragado en el Puerto de Sagunto son algunos de los más relevantes.
El informe de Costas, además, incorpora un anexo que pone en evidencia el incumplimiento de la APV con la DIA de 2007 en lo que aregeneración de playas se refiere y el peligro que ello supone para la Albufera.
Pese a todo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha convocado un consejo de administración extraordinario para aprobar el proyecto constructivo de los muelles y remitirlo así al consejo de ministros para su validación. Posteriormente se podrá sacar a licitación, a pesar de que no se ha explicado cómo se va a dar cumplimiento a las objeciones de Costas ni las variaciones presupuestarias que pueden conllevar. Actualmente, el presupuesto asciende a 543 millones de euros, IVA incluido, por la parte que corresponde a fondos públicos.
Para tratar de atajar las dudas de los consejeros, la APV les ha remitido varios estudios propios que pretenden contrarrestar el contundente informe de Costas.
Dos de ellos son jurídicos. El primero de ellos insiste en que el proyecto no requiere de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) a pesar de que el proyecto, tras los cambios implementados, incumple la de 2007 en lo que a materiales de relleno se refiere (la DIA establece 19 millones de metros cúbicos y el proyecto requiere de 25,7) y en lo que atañe a medidas correctoras en caso de erosión de las playas, tal y como refleja Costas.
El segundo informe jurídico afirma que las medidas cautelares asociadas a la revisión y actualización del Plan de Ordenación y Recursos Naturales (PORN) de l’Albufera, que obligan a paralizar cualquier proyecto que pueda afectar al ámbito del Parque, no son de aplicación en el caso de las obras de ampliación del Puerto al ser este de interés general. Según el informe jurídico de la propia APV, al tratarse de obras competencia del Estado no se pueden paralizar por normativas autonómicas en materia de protección del medio ambiente.
El tercero de los informes es de la Universidad Politécnica y está sin firmar. Reconoce que las playas del sur están en proceso de erosión, pero que es un proceso que se inició antes de acometerse las obras de los diques de abrigo de la ampliación norte. Así pues, concluye que estas obras no han tenido efectos adicionales negativos.
Este informe contradice al de Costas, que en su anexo recuerda el plan de regeneración de playas del sur aprobado, destaca que “el puerto de Valencia supone una barrera litoral al transporte sedimentario” y señala las “posibles ampliaciones del puerto de Valencia” entre las causas que “aumentan la acción erosiva del mar sobre la costa”. Así, alerta de que la no actuación costera en forma de aportes de arena conlleva “una progresiva erosión y representa una clara amenaza para la conservación del Parque Natural de la Albufera”.