El año 2018 fue bueno, pero el 2019 será aún mejor. Los grandes concertadores de las plazas de accesibilidad para dependientes de la Generalitat Valenciana se frotan las manos ante el ejercicio que termina y volverá a ser redondo. Así lo reconoce la empresa que más plazas tiene, Savia-Gerocentros, que en su informe de gestión del ejercicio 2018 vincula el “incremento de ocupación” a su aumento de rentabilidad anual tras varios ejercicios de pérdidas, sobre todo a principios de la década.
En la actualidad, la Generalitat tiene concertadas 8.236 plazas de las que más de 5.000 corresponden al modelo de accesibilidad que impulsó el exconseller Rafael Blasco en 2001 y que popularizó Juan Cotino posteriormente al seguir premiando a la empresa que impulsó su familia junto al constructor imputado en Brugal y condenado en Gürtel, Enrique Ortiz, Savia-Gerocentros. Cuatro empresas controlan más del 70% de estas 5.000 plazas y sus propietarios son desde constructoras a grupos extranjeros especialistas en el sector.
Savia-Gerocentros ya no está en manos de la familia Cotino, que salió al vender su parte, pero Grupo Cívica de Enrique Ortiz y Grupo Corporativo Fuertes continúan teniendo el 90% de la propiedad. En 2018, ganaron 5,6 millones con una facturación de 46. El 65% de sus ingresos provienen del concierto de accesibilidad de la Conselleria de Igualdad, que le otorga más de 1.600 plazas.
La segunda en número de plazas del antiguo modelo Cotino es Sacova, que dispone de poco más de 1.000. Sacova fue impulsada por una UTE entre la constructora OHL y la Asociación de Servicios Aser. En 2015 esta empresa pasó a manos de Quavitae Servicios Asistenciales por 46,7 millones de euros y en 2017 al grupo francés Casa Vita SAS, su propietario en la actualidad a través de su filial GeriaVi SAU. La empresa ganó 3,3 millones tras una facturación en 2017 de 29,7 millones.
La Saleta, tercer operador en volumen de plazas de accesibilidad con 631, también es propiedad de un grupo extranjero. En este caso del belga Armorea, que en 2016 compró el 85% a un fondo extranjero por 70 millones de euros. Este año, este grupo belga pasó a estar controlado por el francés Colisée. La empresa, que también tiene numerosos conciertos en otras autonomías, facturó en 2018 un total de 57,3 millones y obtuvo unos beneficios de 3,6 millones de euros.
La cuarta en volumen de plazas de accesibilidad es la valenciana Solimar, propiedad al 90% de la constructora de Tavernes de la Valldigna Esbaf. Tiene casi 500 plazas concertadas con una facturación de 16 millones de euros en 2018 y unos beneficios de 1,8 millones. El 67 % de los ingresos de esta sociedad corresponde a los pagos de la Conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra por este concierto.
Desde la Generalitat defienden que la perpetuación de algunas de estas empresas del modelo Blasco-Cotino, sobre todo Savia-Gerocentros y La Saleta, se motivó porque “el Consell del PP dejó atadas las contrataciones de varios centros de mayores”. El TSJ en 2016 anuló este modelo de accesibilidad, una parte del cual se volvió a sacar a concurso.
Con el nuevo sistema, aseguran , se intenta aprovechar los recursos municipales existentes y abrir la puerta a empresas sin ánimo de lucro y entidades del tercer sector. “Tenemos empleadas el 77 % de las plazas municipales”, aseguran desde Igualdad que cifran las plazas de gestión local financiadas por la Generalitat en 1.457. Públicas de gestión integral hay otras 2.277 plazas y de gestión directa 1.531.