Mariano Rajoy (PP) le exige dinero a Ximo Puig (PSOE) por las irregularidades cometidas por Francisco Camps y Alberto Fabra (PP). Dicho de otra manera: El gobierno central quiere forzar a la Generalitat gobernada por PSOE y Compromís a pagar por las trampas contables de la Generalitat presidida por Camps y Fabra. Concretamente, 19 millones, la multa impuesta por la Unión Europea a España por el falseamiento del déficit en la Comunitat Valenciana.
Esa sanción responde al ocultamiento del déficit que hizo la Generalitat entre 2011 y 2012, bajo los mandatos de Camps y Fabra. Según Bruselas, la administración valenciana ocultó con artificios contables –básicamente, esconder las facturas el cajón, un método utilizado desde hace tiempo- buena parte de su gasto, 1.800 millones. Europa castiga el falseamiento de estadísticas a partir de 2011, después de la crisis de 2008 que dejó los presupuestos de un buen número de estados con déficits crónicos.
La UE, mediante la Comisión Europea, impone la multa a España, pero el gobierno central ya ha abierto un procedimiento administrativo para que sea la Generalitat –en quiebra técnica, con 40.000 millones de deuda-la que pague la multa. Madrid considera una “negligencia grave el no registrar los gastos sanitarios en la contabilidad pública” y cree que la responsabilidad del asunto recae en “la Administración de la Comunitat Valenciana en exclusiva, sin que se proceda determinar otra administración pública subsidiaria, ni por tanto, una distribución de la responsabilidad a estos efectos”.
El procedimiento dura dos meses a partir de su puesta en marcha y da 15 días a la Generalitat para presentar alegaciones. El gobierno valenciano siempre se ha negado a asumir la sanción. Incluso se ha dicho desde los grupos parlamentarios que la multa debería abonarla el responsable de las trampas, o sea, el PP. Madrid trabaja para que no sea así. Es más, dice con claridad que si la multa no se paga, se la cobrará con la “compensación, deducción o retención con cargo a los importes satisfechos a la Comunitat Valenciana” vía financiación autonómica.