La Renta Básica Universal es una propuesta para que todas las personas tengan derecho a una suma de dinero sin estar supeditado a ningún tipo de condición. Se aplicaría a todos independientemente de recibir otros ingresos como asalariado, autónomo, etc. Sería un derecho por el simple hecho de ser ciudadano o residente de un país.
La RBU difiere de los subsidios. Éstos últimos están supeditados al cumplimiento de unos requisitos, mientras que la RBU sería un derecho al que todos podrían acceder. Sería una buena respuesta a la lucha contra la pobreza en el mundo, toda vez que, como dice el sociólogo y politólogo Christopher Zahonero Ballesteros: “(…) la desigualdad, la exclusión, la pobreza y otras problemáticas sociales no sólo son causadas por el sistema capitalista, sino que son su condición intrínseca de existencia”(…) la desigualdad, la exclusión, la pobreza y otras problemáticas sociales no sólo son causadas por el sistema capitalista, sino que son su condición intrínseca de existencia,
Las personas tendrían una cierta libertad al tener solventadas sus necesidades básicas, y no estarían supeditados al gobierno de turno. Se formaría una población crítica que estaría más atenta a lo público, siendo propositivos en los asuntos de interés general, ya que una sociedad con hambre no opina, no habla, no cuestiona.
Aunque existe reticencia para su implementación, algunos países han apostado por la iniciativa realizando planes piloto, si bien no universalmente como señala Gerardo Pisarello en “La Renta Básica como Derecho y como Contrapoder”, pero sí favoreciendo a los sectores más vulnerables.
El concepto de RBU no es nuevo. En Dauphin, Canadá (1974-1979), se realizó un plan piloto asignando una suma de dinero a familias económicamente desfavorecidas. Los resultados del proyecto fueron estudiados por la socióloga Evelin Forguet, quién en 2011 puso de relieve los efectos positivos del proyecto. Evelin comprobó que los beneficiados se sentían mejor, las enfermedades físicas y mentales disminuyeron, las personas elegían por vocación sus trabajos, y disminuyeron los problemas familiares, entre otras mejoras.
También han experimentado la RBU en Ontario (Canadá), en California (USA), en Holanda, en Finlandia, en Kenia, entre otros lugares. En Kenia se realizó a partir de una iniciativa de Harvard y el MIT a través de GiveDirectly. Los beneficios constatados fueron la utilización del dinero para la satisfacción de las carencias básicas y la adquisición de elementos para la autosostenibilidad (siembras, ganado, pozos de agua, etc).
Personajes influyentes del mundo están a favor de la RBU, ya que la tecnología desplaza la mano de obra acrecentando las desigualdades. Son numerosos los defensores de la iniciativa, como, por ejemplo, Bill Gates, Elon Musk, o Mark Zuckerberg, entre otros.
La OCDE indicó recientemente que la medida es beneficiosa ya que el actual modelo de protección social es insuficiente. Señaló que en países como España, Grecia y Portugal sería necesaria la RBU por las pocas ayudas que existen; lo cual es corroborado por un informe de Oxfam Intermón (abril 2015) en donde se indica que “En España, una de cada cuatro personas se encuentra actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, sufre carencias severas y/o no dispone de ingresos suficientes para desarrollar una vida digna”.
En España, el Estado no ha optado por la RBU, al considerar imposible su financiación, pero no se ataca el problema de la falta de recursos, que es la evasión, la elusión fiscal y el dinero que se mueve hacia paraísos fiscales. En la campaña “El Dinero que no Ves” (Oxfam Intermon noviembre 2017) se denuncia la falta de compromiso del gobierno en el ataque a esta fuga de dinero, lo que “impide recaudar fondos para combatir la pobreza y la desigualdad económica y social”, recursos que son necesarios para el establecimiento de una verdadera política social.
Una encuesta realizada por Dalia Research para Bankinter respecto a la posición de la población europea sobre la RBU mostraba los siguientes resultados: el 68% de encuestados estuvo a favor; el 24% en contra; y el 9% se abstuvo. El nivel de aprobación de dicha medida en España fue del 69%, en la línea de la media europea, como se muestra en el siguiente gráfico:
En Valencia, una iniciativa presentada por la Vicepresidenta del gobierno valenciano Mónica Oltra fue aprobada el 20 de diciembre de 2017 con la Ley No. 19 relacionada con la Renta Valenciana de Inclusión. En la motivación del proyecto de ley se señaló que “el Reino de España es el tercer Estado con mayor desigualdad de la UE, después de Rumanía y Serbia”, dejando claro la gravedad y necesidad de tomar medidas políticas tendientes a mitigar la situación de desigualdad.
La ley fue pensada teniendo en cuenta la crisis económica que ha afectado a un gran número de población en España y en la Comunidad valenciana. De hecho, esta ley establece “un nuevo derecho básico, subjetivo y de ciudadanía, que garantice a la vez una cuantía económica mínima con la que las personas con carencia de patrimonio e ingresos suficientes puedan cubrir sus necesidades (…)”, promoviendo a su vez la inclusión social.
Dicha iniciativa es un avance importante en beneficio de los más vulnerables. Sin embargo, por parte del gobierno español falta compromiso para erradicar la pobreza y la exclusión. La implantación de la RBU paliaría dicha problemática. Los planes piloto han demostrado su eficacia, los beneficiados han cubierto sus necesidades básicas, han optado por actividades vocacionales, han realizado emprendimiento, etc.
La RBU es una buena propuesta para acabar con la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la excesiva burocracia, y la evasión fiscal, entre otros problemas que aquejan de manera grave a nuestra sociedad. EXIJAMOS SU IMPLEMENTACIÓN.