El modelo urbanístico de Benidorm, una ciudad que recibió en 2023 a 2,7 millones de turistas, lleva camino de costar a las arcas municipales y autonómicas (como mínimo) más de 400 millones de euros en indemnizaciones. La ciudad costera, símbolo por excelencia del turismo de sol y playa con un intensivo uso hotelero, ha sido gobernada por el PP, con la excepción de los dos mandatos del socialista Agustín Navarro entre 2009 y 2015, desde que Eduardo Zaplana accediera a la alcaldía en 1991 mediante una concejal tránsfuga.
El último mordisco a las arcas públicas viene de la mano de la indemnización de 333 millones de euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) al Ayuntamiento de Benidorm en relación a los terrenos de la Serra Gelada propiedad de dos mercantiles del empresario Francisco Murcia Puchades, expresidente de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana.
El fallo, recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, supone un “claro revés”, según reconoció el actual alcalde, el popular Toni Pérez. La sentencia reconoce que los convenios suscritos con los promotores por el exalcalde Vicente Pérez Devesa son “plenamente válidos y lícitos” e impone la abultada indemnización al consistorio, a pesar de que la Generalitat Valenciana figuraba como codemandada.
Sin embargo, el Ejecutivo autonómico también afronta otra indemnización de, al menos, unos 100 millones de euros. Se trata de las torres de Punta Llisera ubicadas en primera línea en la zona del Rincón de Loix de Benidorm. Los dos edificios, de 22 alturas, cuentan con 168 viviendas de lujo que, según confirmó el Tribunal Supremo, son ilegales al haber sido construidas en “zona de servidumbre de tránsito y protección” de la playa de Levante.
La construcción fue autorizada en 2005, en pleno 'boom' inmobiliario, por el Gobierno autonómico de Francisco Camps —con Rafael Blasco de conseller de Territorio— pese a los informes técnicos y jurídicos desfavorables. La edificación, también conocida como Gemelos 28, es ilegal al vulnerar la ley de Costas.
En noviembre de 2017, después de que un particular exigiera la ejecución de sentencia, el TSJ-CV ordenó a la Generalitat Valenciana, como responsable de la concesión de la licencia, la demolición de ambas torres. Un proceso extremadamente complejo al estar a tiro de piedra del mar y de otras viviendas colindantes y a tenor del impacto ambiental.
La resolución del largo contencioso también incluye la indemnización a los 168 propietarios de los apartamentos de lujo. El actual Gobierno de Carlos Mazón contrató al bufete de Broseta, según informó El Confidencial, en busca de asesoramiento legal para el complejo derribo.