No será una entrega de llaves sino más bien de claves informáticas. El próximo 1 de abril, la Generalitat Valenciana “dará la bienvenida a todo un departamento de salud a la gestión pública”, en expresión de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, que se refiere al hospital de la Ribera y todo el departamento que de él depende y que da servicio a una zona de 250.000 habitantes.
El rechazo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de la pretensión de la concesionaria Ribera Salud (participada por la empresa norteamericana Centene y el Banco Sabadell) de paralizar cautelarmente el proceso de rescate de este hospital privatizado, el primero que creó el PP y que dio nombre al “modelo Alzira”, permite al gobierno valenciano encarrilar una de sus promesas más relevantes, recogida en el Pacto del Botánico: iniciar el rescate de las concesiones sanitarias entregadas a la gestión privada.
La del hospital de Alzira será, más que una reversión, una no renovación. Ante la caducidad de la concesión, la Generalitat ha decidido no prorrogarla. Una postura que ha desencadenado una fuerte ofensiva de Ribera Salud, cuyo consejero delegado es Alberto de Rosa, contra la consellera para tratar de evitarlo.
El hecho es que a nueve semanas de la fecha de entrega de la gestión al sistema público de salud, el proceso avanza inexorable, sobre todo porque los trabajadores del hospital y de todo el departamento de la Ribera “están colaborando muy bien”, según reconoce Carmen Montón. La fórmula utilizada para incorporar a los cerca de 1.800 trabajadores que no son funcionarios (aproximadamente 300 son personal estatutario de la sanidad pública) es convertirlos en “personal laboral a extinguir”, una figura que preserva sus derechos y les da seguridad.
A la colaboración del personal se suma la favorable predisposición de los alcaldes de la comarca. “Hemos tenido reuniones municipio a municipio”, explica la consellera, “con alcaldes socialistas, de Compromís y del PP. Saben que mejoraremos las condiciones de la atención primaria”. La Generalitat ha previsto un plan especial de inversiones en ese departamento de salud de 6,9 millones de euros orientado a mejorar la tecnología -por ejemplo, la planta de oncología del hospital-, y las dotaciones y medios de los centros de salud y consultorios.
Los problemas vienen de la empresa concesionaria, que se resiste a ceder. Mientras Ribera Salud acudía a los tribunales para intentar paralizar el proceso y para complicar la gestión de la conselleria en ámbitos y cuestiones que no la afectan directamente, la oficina del comisionado de la Generalitat en el departamento que se va a rescatar, Salvador Llopis, mantiene un tira y afloja con la dirección del hospital de la Ribera.
Un buen ejemplo es el proceso para determinar la relación de puestos de trabajo de los que la Generalitat Valenciana se tendrá que hacer cargo a partir del 1 de abril. La convocatoria a finales de diciembre a los trabajadores para que acudiesen a unas dependencias habilitadas en el comisionado para aportar documentación y contrastar sus datos laborales fue acogida por el director gerente de Ribera Salud, Javier Palau, con una queja de que eso causaba “una avalancha de solicitudes” a su departamento de personal.
Según comunicó el gerente de la concesionaria el 12 de enero, la entidad no puede facilitar a sus profesionales la copia original de sus contratos y estos “tienen funciones inaplazables que realizar”. Por lo que solicitaba la rectificación de la convocatoria de la conselleria. El comisionado respondió que “el procedimiento se ha elaborado de forma que no se produzca ninguna incidencia de tipo asistencial, al haberse solicitado la información de manera nominal y escalonada”.
El hecho es que las dificultades se centran en el traspaso de información. Un proceso que está previsto en las normas de reversión que también recurrió Ribera Salud. Poco a poco, la conselleria, además de elaborar el modelo de nómina que aplicará cuando se haga cargo del personal, está recabando datos sobre los contratos que el hospital de Alzira mantiene con las empresas que suministran agua y electricidad, que se encargan de la limpieza, el catering o los servicios informáticos, para convocar los concursos necesarios y garantizar el funcionamiento.
La cuenta atrás ya está en marcha para que el 1 de abril el sistema valenciano de salud asuma la gestión de un nuevo hospital y su departamento. Todo apunta a que la liquidación económica y la resolución de los recursos judiciales tardarán más. El resultado abrirá el camino para repetir la operación con el resto de hospitales privatizados, en Torrevieja (cuya concesión caduca en 2021), Dénia (2023), Manises (2024) y Elche-Vinalopó (2025).