Los familiares de la residencia de mayores del antiguo hospital civil Oliver, en Alcoi, gestionada por la empresa Domus Vi, han dado un paso más para tratar de comprender por qué el brote de COVID-19 desatado en este centro ha sido el más mortífero de la Comunidad Valenciana. Con 73 usuarios fallecidos y 41 trabajadores infectados, el virus ha acabado en dos meses con más de la mitad de sus ancianos, 73 de 139 residentes, mientras que en el resto de residencias de Alcoi y de poblaciones cercanas no se ha registrado ni un solo contagio. ¿Por qué?
La pregunta se la formula en una conversación telefónica José Luis García, el portavoz de una asociación que el pasado jueves anunciaba que había contratado los servicios de un bufete de abogados para emprender acciones legales contra los responsables de una gestión que ha disparado la tasa de mortalidad del departamento de Salud de Alcoi hasta 86,56 fallecidos por cada 100.000 habitantes, la mayor de la Comunidad Valenciana. Sin contabilizar el centro, ubicado en el antiguo Hospital Civil Oliver, la ciudad habría registrado solo 6 defunciones en la epidemia.
A esta pregunta le siguen otras cuyas respuestas -si no las dilucidan la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en su investigación epidemiológica anunciada para cuando acabe la pandemia, o la Fiscalía- serán planteadas ante la justicia. “¿Se cumplieron los protocolos de prevención? ¿Por qué se produjeron más de 60 muertes después de que la Conselleria de Sanidad asumiera el control de la residencia?”, se pregunta el portavoz.
Con la intervención por parte de la administración el pasado 18 de marzo, el Hospital Virgen de los Lirios asumió la gestión del centro, contando con el apoyo de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD). “¿Por qué no se ha derivado a nuestros mayores al hospital de Alcoi si no estaba colapsado? ¿Quién tomó la decisión?”, cuestiona. “¿Es más, quiénes han tratado a nuestros familiares?, porque preguntamos y no obtenemos respuestas”, denuncia. Las dudas vienen tras consultar los informes clínicos que están recogiendo para los abogados. En el de una de las fallecidas pone que no ha sido tratada por la UHD. “Y al no figurar, se les pregunta a los miembros de la UHD y ellos lo confirman, cuando este personal es el que debería haberla atendido”, esgrime José Luis García.
Modelo Blasco-Cotino
Pero el malestar de los familiares no es solo con la administración. La residencia Domus Vi de Alcoi ha puesto en el punto de mira el modelo de accesibilidad de la época del PP que impulsó el exconseller de Bienestar Social Rafael Blasco, en 2001, y que acabó de consolidar el exconseller y expresidente de las Corts Valencianes Juan Cotino, fallecido recientemente.
La de Alcoi pertenece a una multinacional participada por fondos de inversión de origen francés y británico cuyas residencias han sido las que más se han visto afectadas en España, por lo que más de media docena son investigadas por la Fiscalía. Los familiares de Alcoi ya venían avisando desde el año pasado de las carencias que sufrían los usuarios y trabajadores en atención y cuidados. Esta situación llevó a una treintena de familiares a constituirse como plataforma a finales de 2019. “Desgraciadamente no han servido de nada las denuncias”, se lamenta ahora José Luis.
“Hemos ido observando que conforme este centro ha ido cambiando de manos a empresas más grandes, el servicio ha ido a peor”, apunta. “Pero ha sido sobre todo con Domus Vi cuando más lo hemos notado, porque se toman decisiones a cientos de kilómetros de aquí”. El portavoz de los familiares alude así al capital extranjero de la empresa propietaria. “Si los grandes grupos de inversión entran es porque ven negocios y deben presentar balances de beneficios y al final una persona mayor es una mercancía a la que se tiene que sacar un beneficio, esto es así”, explica tras recordar que en 2018, esos grupos facturaron 540 millones de euros.
Fallo en la comunicación
Mucho antes de la pandemia, las familiares de José Luis, dos tías, acabaron en este centro tras intentar sin éxito su acceso a una plaza pública, al tiempo que reclamaban, también sin éxito, el reconocimiento de la Ley de Dependencia. Al final entraron por la vía privada pagando un mínimo de 1.800 euros al mes cada una. “Confiábamos en la empresa Domus Vi para garantizar una asistencia de calidad a nuestros seres queridos; buscábamos la atención digna y en condiciones que merecían nuestros mayores en la etapa final de sus vidas”, señala.
El resultado es que una tía suya fallecía el 30 de marzo y otra tía, de la que es su representante legal, “ha sobrevivido” -de manera milagrosa- al virus. Del primer caso denuncia que su primo, como persona de referencia, no tuvo noticias del estado de su madre. Una ausencia de comunicación acentuada las primeras semanas del brote y que continuaba las siguientes cuando ya había sido intervenida por la Conselleria de Sanidad. La explicación por parte de la empresa es que la centralita estaba colapsada y, cuando empezó a atender llamadas, que estaba averiada. El servicio, a través de videollamadas, no llegó hasta finales de mes.
Al primo de José Luis solo le comunicaron al principio que su madre estaba estable y la siguiente comunicación fue para decirle que la habían tenido que sedar por un pico de fiebre. La última comunicación fue la de que había fallecido. Su otra tía hubo momentos en los que tuvo picos de fiebre de 39 grados. “Pensábamos que no la volveríamos a ver y, sorprendentemente, hace diez días que le hicieron el test y dio negativo”, celebra.
A este respecto, el secretario autonómico de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Alberto Ibáñez, pidió disculpas a los familiares hace una semana en nombre de la Generalitat Valenciana. “Creo que deberíamos haber actuado más rápido en cuanto a la comunicación”, asumió en el programa ‘La Qüestió’ de À Punt. Por otra parte, eldiario.es ha tratado sin éxito de hablar con la dirección de la empresa.