El año en que se desencadenó la pandemia de la COVID-19, la empresa Ribera Salud SA ha doblado sus resultados, pasando de 4,9 millones de euros en 2019 a 8,7 en 2020, según sus últimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. Además, el riesgo de liquidez que afecta a los mercados mundiales y la consiguiente contracción del mercado de crédito no supone un quebradero de cabeza para la firma propiedad de la multinacional Centene Corporation.
Según la memoria, el efecto en la empresa, símbolo de la sanidad privatizada por el PP con le modelo Alzira, es reducido dado que la mayor parte de sus cobros se corresponde al pago capitativo por habitante por parte de las administraciones públicas (básicamente la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Madrid y la Xunta de Galicia) en contraprestación por el servicio de salud asistencial en algunas áreas sanitarias.
Sobre el riesgo de las operaciones, las cuentas de la empresa indican: “La situación cambiante e impredecible de los acontecimientos no ha implicado la aparición de un riesgo de interrupción temporal de la prestación de servicios, al tratarse de un sector esencial”.
Con un resultado neto de 4,9 millones de euros y una deuda de 1,2 millones en concepto de Impuesto de Sociedades, la firma ha afrontado la crisis de la COVID-19 en plena expansión en otros territorios tras los abundantes litigios con la Generalitat Valenciana por las concesiones. Ribera Salud reconoce que la mayor parte de sus ingresos procede de servicios al Ejecutivo autonómico presidido por Ximo Puig, que arrastra un modelo de privatización de la sanidad instaurado por los gobiernos populares anteriores.
La empresa no se anda con rodeos para atacar al Gobierno valenciano: “Las decisiones tomadas de forma unilateral por parte de la administración, así como la emisión de determinadas órdenes administrativas en los últimos ejercicios, han modificado el contrato de concesión, o bien sin modificarlo lo han alterado económicamente, convirtiéndolo en más gravoso para las sociedades concesionarias con posterioridad a su adjudicación”, según reza la memoria de las cuentas anuales. En el apartado de inmovilizado intangible, la firma anota un deterioro por las concesiones administrativas de 1,7 millones de euros, en el contexto de la paulatina recuperación de varios hospitales gestionados por la empresa por parte de la Conselleria de Sanitat i Salut Universal.
La estructura de la firma ha ido creciendo en los últimos años fuera del territorio valenciano (de hecho, el 2020 Alberto de Rosa fue nombrado director ejecutivo para Europa de la multinacional Centene Corporation, la matriz de Ribera Salud). La Unión temporal de Empresas (UTE) que dio el pistoletazo de salida al modelo sanitario privatizador fue Ribera Salud II, con una participación del 96% por parte de la firma y encargada del Hospital de Alzira. Hace tres años se produjo la reversión de la concesión, momento a partir del cual la sociedad “se focaliza en el cobro y pago de los activos y pasivos que subsisten (...) y en el seguimiento de los recursos y expedientes que se derivan de las liquidaciones abiertas”.
En la UTE de Torrevieja Salud, que gestiona el hospital de la localidad alicantina, la sociedad participa con un 65%. El proceso de reversión, tal como ha informado este diario, no ha sido ni mucho menos pacífico en términos jurídicos. Tal como recogen las cuentas, la notificación de la reversión fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), que desestimó el último recurso de reposición de Ribera Salud. La empresa interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).
La UTE Erescanner Salud, encargada en régimen de concesión de la gestión del servicio público de las resonancias magnéticas, también caducó. En 2019, la empresa acordó con la Conselleria de Sanitat un descuento del 17% en las facturas emitidas a partir del 1 de abril de aquel año. Sin embargo, el nuevo contrato, del que la UTE no participa, no se ha puesto en marcha.
En la Comunidad de Madrid, la UTE BR Salud, en el que la firma ostenta una participación del 45%, gestiona en régimen de concesión la atención sanitaria del laboratorio clínico correspondiente a la población protegida de los hospitales Reina Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y el Hospital del Tajo. Desde 2016, el departamento de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha ido prorrogando la concesión. El 30 de julio del 2020, en plena crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, el Servicio Madrileño de Salud adjudicó el contrato a otra filial de Ribera Salud.
Así, la UTE UR Salud, en la que la firma valenciana mantiene una participación del 49% asume la atención sanitaria de laboratorio clínico, mientras que la firma del mismo grupo que lo hacía anteriormente centra su actividad en el cobro de las liquidaciones pendientes. La nueva UTE prestará el servicio hasta el 2024 (con la posibilidad de una prórroga adicional de un año). Por otra parte, en la UTE Ribera Salud Quilpro Diálisis, la firma ostenta la mitad de las participaciones. Se encarga de la prestación del tratamiento de la enfermedad renal crónica mediante hemodiálisis en el Hospital San Juan de Alicante, hasta el año que viene.
Elche-Crevillente Salud SA se encarga de los departamentos de salud 18 y 20 correspondientes a las dos localidades alicantinas, con una concesión inicial de 15 años prolongable otros cinco. Con unos plazos idénticos cuenta Marina Salud SA, con una participación del 35% y responsable del Hospital de Dénia. Por su parte, B2B Salud SL, en la que Ribera Salud mantiene una participación del 100%, es una suerte de central de compras del grupo mientras que Ribera Salud Tecnologías SA se centra en el desarrollo y comercialización de sistemas de información para la gestión empresarial y también en asesoría y consultoría.
En Torrevieja Salud SL, la firma matriz mantiene también una participación del 100%. La restitución a la Generalitat Valenciana del centro de Torrevieja arrastra una larga lista de tira y aflojas entre la firma y la administración autonómica.
Además, Ribera Salud ha llevado su modelo de negocio hasta Galicia, otra comunidad autónoma gobernada por el PP. En 2019 adquirió el 93,36% de la sociedad Hospìtal Povisa SA que presta servicios sanitarios en centros de Vigo para pacientes de carácter privado y público. La sociedad cuenta desde hace más de dos décadas con un concierto con el Servizo Galego de Saúde (Sergas). En 2014, se prorrogó el concierto por un plazo de ocho años, que también podrá ser prorrogado. Posteriormente el 23 de diciembre del 2020, Ribera Salud adquirió también el 100% de Clínicas Santo Domingo de Lugo SL.
Las cuentas de la empresa recogen los innumerable litigios con la Generalitat Valenciana a cuenta de las liquidaciones y de la recuperación de varios centros hospitalarios por parte del Ejecutivo autonómico del Pacte del Botànic, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem. Los contenciosos se dirimen entre el TSJ-CV y el TS. La abundante litigiosidad de la firma con la Generalitat Valenciana (59 recursos según el recuento de este diario) contrasta con la entente con los gobiernos en Madrid y Galicia, presididos por el PP.
Así, la empresa reconoce que la larga batalla jurídica “va a suponer” con toda probabilidad una “salida de recursos” que requiere de la correspondiente provisión, aunque no puede determinar el importe “con fiabilidad”. Se trata de “asuntos legales complejos” sujetos además a “incertidumbres sustanciales”.