La investigación judicial a Ribera Salud podría costarle el contrato con la Generalitat. Así lo han apuntado los portavoces del PSPV-PSOE y de Compromís en les Corts, Manolo Mata y Fran Ferri.
Los portavoces de los partidos que gobiernan la Generalitat consideran que a raíz de esta investigación se puede abrir un expediente sancionador a la empresa e incluso rescindir la concesión. La empresa que gestiona los hospitales de Alzira, Torrevieja y Elx está siendo investigada por presuntamente cobrar comisiones por prótesis pagadas con dinero público.
“No me gustan las concesiones sanitarias y menos cuando tras sufrir pérdidas recurren a las administraciones públicas para que las rescaten” ha reseñado el síndic socialista, recordando casos anteriores de gestión. La consellera de Sanidad ya ha indicado que se personará en la investigación judicial. El síndic de Compromís, Fran Ferri, se ha pronunciado en la misma línea, apuntando que “Ribera Salud es un modelo impulsado por el PP” y que “puede suponer una vulneración de la cláusula de buena fe contractual”, lo que llevaría a esa rescisión.
Por parte de Podemos, su portavoz, Antonio Montiel, ha explicado que meses atrás encontraron indicios de que “algo raro” sucedía en esta concesión y que alertaron al Consell de que la empresa podría intentar burlar el límite de beneficios del pliego del contrato. Asimismo, la formación se pone a disposición de la conselleria y de la justicia para contribuir a esclarecer los hechos y aportar toda la información que puedan. “Es peligroso que no se ejerzan las labores de control”, ha recalcado.
Desde Ciudadanos se han mostrado prudentes respecto a la investigación judicial y dejan en manos de su portavoz en materia sanitaria las solicitudes de documentación para aclarar lo sucedido. El PP por su parte, deja en manos de la justicia la investigación.
Ribera Salud gestiona el Hospital de la Ribera (Alzira) hasta 2018 y la Generalitat ya advirtió que no pretende prorrogar este contrato. Cabe recordar que desde 2008 esta empresa no ha pagado al Gobierno autonómico las liquidaciones que le corresponden por el hospital de Alzira, desde 2012 en el caso de Torrevieja y desde su privatización en 2009 en el caso de Elx.