“El pasado 28 de mayo se celebraron elecciones autonómicas. El Partido Popular ha sido el más votado. José Juan Zaplana, diputado popular de sanidad, ha dejado claro que la reversión dependerá de un proceso de auditoría que van a realizar”. Los responsables de Ribera Salud respondieron de este modo el pasado 6 de junio al último requerimiento realizado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública el 26 de mayo, poco antes de las elecciones, con el objetivo de que la empresa que gestiona el hospital de Dènia y el resto del departamento de la Marina Alta facilitara la documentación necesaria para avanzar en el proceso de recuperación del área sanitaria para la gestión pública, al finalizar en enero del año que viene la concesión otorgada hace 15 años por el Gobierno autonómico del PP.
Pero la respuesta no queda ahí. La compañía afirma además, antes de que el vencedor de las pasadas elecciones, el popular Carlos Mazón, haya podido recabar los apoyos necesarios para formar el nuevo Gobierno valenciano, que “con el inminente cambio de signo en la Generalitat tras la victoria del Partido Popular, la reversión del departamento de salud de Dénia ha quedado, como mínimo, suspendida”.
Ribera Salud, cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa, hermano del senador del PP Fernando de Rosa, argumenta también que las normas de reversión están recurridas en el juzgado, con petición de suspensión cautelar de las mismas, y considera que hasta que no se resuelva esta medida no cabe dar cumplimiento a la solicitud de la Conselleria de Sanidad que dirige Miguel Mínguez, una interpretación muy cuestionable por las numerosas sentencias en contra de la compañía en los anteriores procesos de reversión de los hospitales de Alzira y Torrevieja.
Mazón ha verbalizado en más de una ocasión que no descarta volver al sistema de concesiones sanitarias por el que se cede a empresas privadas la gestión de departamentos de salud, un modelo que impulsó el expresidente del Consell Eduardo Zaplana con el hospital de Alzira y que se extendió a otras cuatro áreas de la Comunitat Valenciana (Dénia, Elche, Torrevieja y Manises).
Del total de estas concesiones, Ribera Salud gestionaba las de los departamentos de Alzira, Torrevieja, Dénia (tras adquirir el accionariado de DKV) y Elche.
El Gobierno del Botànico presidido por Ximo Puig, sin embargo, se marcó como objetivo recuperar para la gestión pública todas aquellas concesiones cuyos contratos finalizaran durante su mandato ante el descontrol y la elevada conflictividad con las empresas gestoras, principalmente Ribera Salud. Así se hizo en 2018 con Alzira y en 2021 con Torrevieja.
El pasado mes de enero, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública comunicó a Ribera Salud el inicio de la recuperación pública del área de salud de Dénia, en un proceso que durará un año y que por lo tanto concluirá a final de enero de 2024, cuando acaba el contrato otorgado en su día por el Consell del PP.
De esta forma, Sanidad trasladó a la compañía las normas de reversión, una hoja de ruta por la cual la empresa debe ir remitiendo a la conselleria determinada información para que la Generalitat pueda asumir la gestión del departamento de salud y del hospital sin problemas.
La respuesta de la empresa, sin embargo, fue un recurso judicial contra las normas de reversión, tal y como ya hizo en los casos de Alzira y Torrevieja sin éxito, puesto que todos sus recursos los fueron tumbando los tribunales uno tras otro.
La concesionaria se acoge ahora a las últimas declaraciones realizadas al respecto por el popular José Juan Zaplana, quien anunció la realización de auditorías en el departamento de Dénia para determinar el modelo más idóneo, es decir, la recuperación pública o mantener la gestión privada.
Al mismo tiempo, el pasado 4 de mayo la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública también comunicó a Sanitas que no prorrogará el contrato de gestión del departamento de Manises, que finaliza el 7 de mayo de 2024.
Los trabajadores exigen la gestión pública
El Comité de Empresa del hospital de Dènia se reunió este jueves 8 de junio y tras el encuentro manifestó su compromiso con la reversión del departamento a la gestión pública directa.
“Para este Comité nada ha cambiado, y seguimos en la hoja de ruta marcada por las normas de reversión iniciadas por la Administración el pasado mes de enero de 2023. Asimismo, queremos remarcar que todos los grupos políticos que se han reunido con nosotros han manifestado su compromiso en que la concesión finalice el 31 de enero de 2024, tal y como se ha transmitido a la ciudadanía de la Marina Alta”, recordaron.
La paralización o modificación de este proceso “sería un engaño a la ciudadanía y a los trabajadores; además de una vulneración a la normativa vigente”, advirtieron.