Tránsfuga: “Persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato”. El presidente del parlamento valenciano, Enric Morera, de Compromís, cree que esa definición de la RAE se adapta como un guante a Rita Barberá, que ha abandonado el PP pero no su escaño tras el anuncio de investigación del Tribunal Supremo por el caso Taula.
Barberá está en la Cámara Alta no por los votos de los ciudadanos, sino de las Corts Valencianes, que, a propuesta de los partidos, eligen a seis senadores. El PP optó por el expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra y la exalcaldesa de Valencia. Ahora, Morera cree que ésta “se ha declarado tránsfuga a las Corts” y, por ello, buscará “medidas institucionales” para evitar que conserve su acta, un hecho “que la ciudadanía no va a aceptar”.
“No se puede consentir” que se “quede con el escaño”, “lo que sería declararse en rebeldía contra la voluntad popular”, ha subrayado. Para evitarlo, Morera ha anunciado que solicitará una reunión “urgente” con el presidente del Senado, Pío García Escudero, del PP, para abordar “este hecho novedoso que afecta al conjunto de las instituciones”.
PSOE y Compromís pedirán la revocación de Barberá
Además, los portavoces parlamentarios del PSPV-PSOE y de Compromís, Manuel Mata y Fran Ferri han avanzado que ambos grupos presentarán una propuesta de resolución -en el marco del Debate de Política General que se celebra este miércoles y jueves- en la que las Corts Valencianes pedirán a Barberá que devuelva el acta de senadora, “para elegir a un senador que represente dignamente a los valencianos”, informa Europa Press.
Ferri ha señalado que no existe en el parlamento autonómico ningún mecanismo de revocación de senadores territoriales, ya que esto sería “peligroso” porque “las mayorías parlamentarias podrían aplastar a las minorías”. Una iniciativa en ese sentido presentada por Podemos, después de que transcendiera la implicación de Barberá en el caso Taula, está pendiente de ser tramitada.
PSOE, Compromís y Podemos -los partidos que forman el gobierno valenciano y su apoyo parlamentario- tienen mayoría en el parlamento autonómico, por lo que, en principio, la resolución, sin valor legal, debería prosperar.