Entre el riesgo de prevaricación y la amenaza de que se anule el cierre de la anterior empresa, la nueva mayoría política plasmada en el Pacto del Botánico –PSPV-PSOE, Compromís y Podemos- se ha movido sin demasiada agilidad en un terreno muy delicado para poner en marcha una nueva radiotelevisión valenciana, después de que el PP cerrara en noviembre de 2013 de forma traumática el antiguo Canal 9 y dejara en la calle a sus más de 1.600 empleados.
En los primeros meses de este 2017, el proceso llega a un momento clave. Un puñado de profesionales de la comunicación, en su mayoría procedentes del antiguo Canal 9, optan al concurso de méritos para la dirección general de la recién creada Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Al mismo tiempo, en la Audiencia Nacional está previsto que se solvente la demanda del sindicato CGT que pide la anulación del expediente de regulación de empleo (ERE) mediante el cual se cerró la antigua cadena. Y las Corts Valencianes trabajan en el mandato-marco del nuevo ente autonómico. Casi en el ecuador de la legislatura, llega la hora de la verdad de la radiotelevisión valenciana.
Recuperada primero la competencia sobre el servicio público a la que renunció el gobierno de Alberto Fabra, del PP, para cerrar Canal 9 y aprobada en 2016, no sin problemas, la ley que crea el nuevo ente, la CVMC llega a 2017 con su consejo rector calentando motores para empezar a emprender la carrera hacia un inicio de emisiones que probablemente no se producirá hasta después del verano.
Un baño de realidad convirtió en humo las promesas electorales de algunos de los líderes de la izquierda valenciana, entre ellos el presidente Ximo Puig, de poner en marcha de nuevo la radiotelevisión valenciana el mismo año del cambio de gobierno en la Generalitat, en 2015. La idea de revertir el ERE de extinción para redimensionar la plantilla y retomar el funcionamiento de Canal 9 fue descartada pronto ante el evidente peligro de que el Consell acabara denunciado en los tribunales por prevaricación (no se pueden deshacer por decreto decisiones de gobiernos anteriores que impliquen un sobrecoste para las arcas públicas sin caer en ese riesgo). De ahí parte el desencuentro con los representantes de los extrabajadores de la cadena, que han radicalizado sus críticas al gobierno del Botánico con el paso de los meses y mantienen la exigencia de su readmisión.
Mientras tres abogados se encargan de liquidar la antigua Ràdiotelevisió Valenciana (RTVV), una tarea que puede prolongarse mucho tiempo, dado que hay numerosos pleitos por dilucidar, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha acabado por poner a un jurista en su presidencia, el letrado de las Corts Valencianes Enrique Soriano, que recibió en su elección el apoyo del PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos. El de Soriano es un perfil oportuno para una empresa que hay que poner en pie con especial atención a la seguridad jurídica. El PP, ahora en la oposición, no dudaría en utilizar cualquier tropiezo para frenar el proyecto.
Soriano y los miembros del consejo rector de la Corporació han tomado algunas decisiones iniciales, entre las que destaca la convocatoria para definir el nombre y la marca con los que debería emitir la futura radiotelevisión. Emprenderán, además, en los próximo días, la selección del director general del nuevo ente público.
Más de una decena de nombres de candidatos han trascendido, pese a que la ley prevé un procedimiento teóricamente protegido por la confidencialidad. Entre ellos, figuran profesionales procedentes del antiguo Canal 9 como Benjamín Marín, Clara Castelló o Javier Argente; otros que trabajaron en la cadena autonómica inicialmente y la abandonaron, como Artur Balaguer, Juli Esteve o Àngel Martínez, algunos que protagonizaron programas de la cadena como Josep Ramon Lluch y otros que proceden de medios diferentes, como Salvador Enguix. La cifra de aspirantes puede aumentar ya que los plazos legales permiten que lleguen candidaturas por correo a lo largo de esta próxima semana. A título indicativo, un concurso similar convocado en Telemadrid contó con 34 candidatos. El consejo rector seleccionará a tres de los aspirantes, una vez evaluados su currículos y los proyectos que presenten, entre los que elegirá, tras entrevistarlos, al nuevo director general.
Paralelamente, el día 11 de enero está convocado en la Audiencia Nacional el juicio de la demanda de nulidad presentada por el sindicato CGT contra el ERE de extinción que firmaron en 2013 el resto de organizaciones sindicales representadas entonces en el comité de empresa de RTVV: CC OO, Intersindical, UGT, USO y CSIF. A los argumentos iniciales contra el ERE ha añadido CGT una petición de ampliación del caso por “sucesión de empresas”. A su vez, Intersindical ha presentado por su cuenta una demanda de nulidad en ese sentido y CC OO ha solicitado sumarse a la causa que se sustancia en Madrid.
En medios jurídicos se considera “bastante probable” que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional posponga el juicio para poder pronunciarse sobre los nuevos aspectos planteados hace apenas unos días. La existencia o no de una sucesión de empresas entre la antigua RTVV y la nueva CVMC es el clavo ardiendo al que se aferran los extrabajadores de la cadena en su pretensión de conseguir la readmisión. Algunos precedentes no ayudan. El Tribunal Supremo desestimó en 2014 el supuesto de la sucesión de empresas en el caso del despido colectivo de trabajadores de Telemadrid para la privatización de sus servicios. Alega ahora la Generalitat que la creación de la nueva Corporació es consecuencia del cumplimiento de una ley del Parlamento, y no de decisiones mercantiles que pretendan un fraude.
La anulación del ERE, que el Consell considera improbable, supondría un grave quebranto para la Generalitat, por sus consecuencias económicas sobre todo, y caería como una losa sobre un proyecto que cuenta en los presupuestos autonómicos de 2017 con 55 millones de euros, a los que podrá sumar otros 29 del presupuesto de 2016 que no se han gastado. Por eso el secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, mantiene contactos con CGT para explorar la posibilidad de un acuerdo, que no parece cercano, a fin de ahorrarse la decisión judicial.
Paradójicamente, los extrabajadores de Canal 9 se han convertido en el principal escollo para el rescate del servicio autonómico de radiotelevisión. La defensa de sus intereses choca con la voluntad política de abrir una nueva cadena a la que puedan incorporarse nuevos profesionales. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha reiterado que “no por hacer las cosas más rápido salen mejor”, al referirse a este proceso. La reclamación por parte de CGT de que sean reincorporados a la nueva cadena pública al menos 800 de los antiguos trabajadores de RTVV bloquea la negociación, dado que el Consell está obligado a cumplir la ley de creación de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, en la que se prevé recurrir a exempleados para contrataciones en periodo de pruebas y se valora como mérito su procedencia en los procesos de selección de personal, pero que abre la puerta a la entrada de nuevos profesionales.
La nueva radiotelevisión, por otra parte, estará lejos de esas dimensiones de plantilla, aunque nadie ha puesto un límite. El proyecto que haya presentado al consejo rector el director general que sea seleccionado, y posteriormente votado por una mayoría cualificada de las Corts Valencianes, dará las primeras pistas.
La Cámara autonómica trabaja en estos primeros compases del año en la definición del mandato marco, que establecerá los objetivos del servicio público para los próximos seis años. Inscrito en ese marco, el Consell cerrará con la nueva Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació un contrato-programa para tres años, que fijará los contenidos y los compromisos económicos sobre los que actuará en la práctica el nuevo grupo de medios.