La fiesta “rave” ilegal que ha llegado a reunir a unas 3.000 personas en el aeródromo de San Antonio Benagéber ha puesto fin hoy a cinco días de música electrónica ininterrumpida, tras lo que ha comenzado la limpieza de la zona y el desmantelamiento final de todas las instalaciones.
El delegado del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha confirmado que a primera hora de hoy todavía quedaban unas doscientas personas en el recinto y uno de los tres escenarios seguía levantado y ha asegurado que la previsión es que durante el día de hoy quede definitivamente clausurada.
Durante cinco días, la música ha acompañado a los participantes de la fiesta, que carecía de autorización, y que en su mayoría procedían de diferentes países europeos.
El recinto de la fiesta estaba ubicado en una zona forestal y ha contado con acampadas y alguna hoguera aunque, según Castellano, no se ha registrado “ningún incidente”.
El alcalde de la localidad, Rafael Darijo, ha explicado a Efe que anoche ya se habían desmantelado las tiendas de ropa, comida y bebida que había en el recinto y que “mucha gente había salido ya” de la zona.
Según Darijo, “la gente del pueblo ya está harta después de cinco días” de música porque aunque están lejos de la zona de la fiesta, “cuando cambia el viento por la noche se oye todo”.
A las 13h de este lunes, según testigos presenciales, apenas quedaba un centenar de personas, que con bastante tranquilidad estaba “recogiendo la basura y saliendo poco a poco” del recinto, donde eran identificados por un control de la Guardia Civil.
Además, las mismas fuentes han indicado que a esas horas se veía salir de la zona camiones grandes, principalmente de matrícula francesa e inglesa, que eran interceptados por sendos controles más, uno en la salida a Benagéber y otro en dirección a Utiel.
El delegado del Gobierno ha informado a los medios de que durante estos días, la Guardia Civil ha organizado un dispositivo con 64 agentes cada día, que han identificado a los asistentes y realizado controles de tráfico, alcoholemia y drogas, y que se mantendrá hasta la clausura total.
En concreto, hasta esta mañana se habían inspeccionado 405 vehículos e identificado a 1.341 personas y se habían levantado 42 actas por diferentes tipos de infracciones, entre ellas, 18 por tenencia de drogas y seis por tenencia de armas.
Además, de los 139 controles de alcoholemia practicados, tan solo uno ha dado positivo, mientras que de los de droga, ha habido nueve positivos y cinco negativos.
Castellano ha explicado que la Guardia Civil instruirá las diligencias e informes oportunos que serán trasladados para que “se abran expedientes sancionadores, y las medidas desde el punto de vista administrativo o judicial que correspondan”.
Fuentes de la Conselleria de Gobernación y Justicia de la Generalitat Valenciana han indicado a Efe que el organizador de esta fiesta “rave” podría enfrentarse a una multa de entre 30.000 y 90.000 euros por infringir la Ley de Espectáculos y han recordado que la fiesta incumplía muchos preceptos de esta normativa autonómica.
Según han explicado, una vez les remitan los informes, los técnicos tendrán que valorar las infracciones y si son constitutivas de delito para determinar la apertura del expediente sancionador y la cuantía de la multa.
Castellano ha manifestado que el organizador de la fiesta podría haber organizado otra similar en la cementera de Buñol hace unos años.
Según el delegado, el organizador había sido advertido en diferentes ocasiones desde el primer día de que debía desmantelar la fiesta y, por tanto, “deberá atenerse a las consecuencias de la desobediencia a la autoridad”.
“Veremos si desde el punto de vista judicial hay alguna responsabilidad porque se forzó algún tipo de cadena y puerta y hay algunos daños”, ha explicado.
Según Castellano, “hay que ser ejemplar”, no solo porque la fiesta era ilegal sino porque “puede que haya reiteración y hay un peligro potencial de hacer fiesta sin las condiciones de seguridad que prevé la ley para evitar cualquier tipo de incidentes”.