La información avanzada por elDiario.sobre la solicitud por parte del Ayuntamiento de València de la anulación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del nuevo estadio en mayo de 2021 si el Valencia C. F. no avanza en el reinicio de las obras paralizadas desde 2009, unido a la caducidad del plazo para pedir la ejecución de la sentencia que declara ilegales las grades de la calle Juan Reglà, ha levantado tanta expectación como dudas sobre las posibilidades que tendría el club en caso de suspenderse definitivamente la ATE.
Sin embargo, la responsable de la gestión urbanística del Consistorio, la concejala y vicealcaldesa socialista Sandra Gómez, no tiene dudas de que solo hay una alternativa legal y sostiene, además, que llegado el momento al equipo de Gobierno no le temblará el pulso.
¿Una vez finalizado el plazo para solicitar la ejecución de la sentencia que declara ilegales parte de las gradas del viejo Mestalla, sería viable que el club se quedara en su actual estadio?
No es viable en ningún caso. La caducidad de la sentencia puede tener su impacto para el club puesto que de alguna manera era como tener una espada de Damocles planenado que ahora no tiene, pero aún así no hay otra opción posible, está condenado a irse al estadio de Cortes Valencianas.
¿Por qué sería inviable plantear que se quedara en el actual coliseo de la avenida de Aragón?
Por muchos motivos. En primer lugar, porque hay un convenio firmado según el cual al club se le aprueba una permuta que le permite hacerse con los terrenos públicos de la avenida de las Cortes Valencianas. Estos terrenos están valorados en 45,4 millones de euros, de los cuales el club paga 25,6 en una treintena de pequeñas parcelas y 19,8 millones en metálico. Pero lo importante es que tienen este valor porque son terrenos que tienen un uso deportivo privado. Por tanto, en estos terrenos no se puede hacer otra cosa que no sea una instalación deportiva. Por otra parte, el Valencia C. F. tiene otros terrenos, los de la avenida de Aragón, en los que existe la posibilidad de realizar un desarrollo urbano con el que obtener una cantidad importante de ingresos. Por tanto, el convenio firmado que posibilita esa permuta con el fin de cambiar el estadio de ubicación no se puede modificar después.
¿Sería viable modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y convertir en urbanizables los terrenos de Cortes Valencianas para que el club edificara en esa parcela derribando el nuevo estadio y se quedara en el viejo Mestalla, con el objetivo de remoderarlo con los rendimientos de la edificabilidad?
No, jurícamente no sería viable porque el Valencia C. F. pagó por esa parcela un precio con una valoración como suelo deportivo. Si lo hubiera vendido con un uso residencial su valor sería muchísimo mayor del que pagó en su día y el Ayuntamiento generaría un quebranto económico a la ciudad.
¿Por qué si se anula la ATE el Valencia C. F. tan solo pierde los 25.000 metros de suelo terciario de la avenida de Aragón, pero no los 75.000 metros de residencial?
Porque la ATE lo que hace es dejar en suspenso el convenio que incluye la permuta y la edificabilidad residencial. Dentro de la ATE estás incluidos los 75.000 metros y los 25.000 de terciario que añadió el PP. Si se anula la ATE, vuelve a cobrar vigencia el convenio que solo incluye el residencial, pero no el terciario.
Mucha gente piensa que si llega el mes de mayo del año que viene y el València C. F. sigue sin avanzar en la reanudación de las obras, no se atreverán a pedir la nulidad de la ATE. ¿Les temblará el pulso?
No, no nos temblará el pulso. Nosotros queremos ayudar, queremos colaborar en la solución y podemos ser flexibles dentro de los plazos de la ATE porque no habrá más prórrogas, pero necesitamos hechos y gestos que demuestren una voluntad inequívoca de finalizar el nuevo estadio.
¿Hay total consonancia en el equipo de gobierno municipal con los socios de Compromís y con el alcalde de València, Joan Ribó, en esta postura?
Sí, el alcalde y yo hemos hablado del tema y la postura de la Concejalía de Urbanismo es asumida y compartida por el Gobierno municipal.