La sanidad valenciana asumirá el coste de la sedación de las mujeres en las interrupciones voluntarias del embarazo cuando sean derivadas a los centros privados. La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha actualizado su protocolo de actuación para garantizar la gratuidad del proceso tras las denuncias de agrupaciones de facultativos. Hasta la fecha, las mujeres que solicitaban una sedación o anestesia general durante la intervención quirúrgica debían asumir el coste, cercano a los 100 euros, si la intervención se realizaba en una clínica privada por derivación del sistema público.
Las asociaciones de facultativos consideraban que el pago de una acción complementaria a la intervención vulneraba uno de los principios de la ley, que indica que el aborto debe ser gratuito en la sanidad pública. Según el protocolo, todo centro sanitario que realice interrupciones voluntarias del embarazo, tanto de bajo riesgo -inferiores a 14 semanas de gestación- como de alto riesgo, debe contar con un facultativo especialista en anestesia y reanimación, así como del correspondiente equipamiento para poder realizar una sedación profunda o anestesia general. Además, se debe informar a las mujeres de los riesgos asociados.
El departamento que dirige Miguel Mínguez indica en el nuevo protocolo que a las pacientes se les realizará una evaluación previa del estado de salud, y en caso de ser necesario se solicitarán pruebas complementarias. Todas ellas deberán contar con dos consentimientos informados: uno sobre los riesgos del procedimiento diagnóstico y terapéutico y otro sobre los del procedimiento de sedación o anestesia general.
Información y financiación de los anticonceptivos
La nueva norma incluye también la necesidad de asesoramiento anticonceptivo a las pacientes que vayan a abortar. En este sentido, apunta Sanidad, se ofrecerá a la paciente la posibilidad de implantarse en el mismo acto asistencial un anticonceptivo de larga duración -un dispositivo intrauterino, el conocido 'DIU'- con el fin de evitar futuros embarazos no deseados. En caso de que la paciente acepte, Sanidad costeará la implantación y el seguimiento.
En la Comunitat Valenciana hay una red de 81 Centros de Salud Sexual y Reproductiva distribuidos en los 24 departamentos de salud con el objetivo de garantizar la atención en salud sexual y reproductiva a toda la ciudadanía. Para mejorar la coordinación, Sanidad ha creado una comisión de seguimiento, que recogerá propuestas para mejorar la atención integral. Uno de los objetos de estudio y reivindicación de los colectivos vinculados es buscar la fórmula para garantizar la objeción de conciencia de los médicos con el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, como marca la ley. Pese a que el derecho está reconocido, en algunos centros públicos no se realizan abortos porque todo el personal se declara objetor de conciencia.