Segundo procesamiento de Alfonso Rus en 24 horas por amañar un contrato de un 'call center' que dejó de atender casi 100.000 llamadas

El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus se enfrenta a su segundo procesamiento en un plazo de tan solo 24 horas. Si este martes, tal como informó elDiario.es, la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia procesaba a Rus por la contratación de zombies en la empresa pública Imelsa, este miércoles el juez titular ha dictado un auto de incoación de procedimiento abreviado contra el expolítico del Partido Popular sobre la pieza separada D del caso Taula, referida a la contratación de un 'call center' de atención al público en materia de gestión tributaria, en la que la Diputación de Valencia ejerce la acusación particular.

El servicio fue adjudicado a una empresa de un socio de Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent (autodenominado yonki del dinero). El 'call center' fue un auténtico desastre. De las 990.000 llamadas ofertadas por la empresa Servimum, sin experiencia en este terreno, se recibieron únicamente 264.847, de las que se atendieron apenas 169.175.

Así, casi 100.000 llamadas no fueron atendidas por el 'call center', según un informe del servicio jurídico de la empresa pública. El exsuegro de Benavent cobró, a través de una empresa pantalla a nombre de su cuñada, 158.883 euros o, lo que es lo mismo, el 15% del precio de la contrata, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El funcionario encargado de confeccionar los pliegos del contrato, Salvador Deusa, era amigo íntimo del suegro de Benavent (de hecho, habían sido compañeros de colegio). La empresa Servimum SL, cuyo administrador y socio único era Francisco José Palomares Ruzafa, “no tenía experiencia previa en la prestación de servicios de atención telefónica”, destaca el auto.

Los correos electrónicos intervenidos por la UCO muestran que durante el proceso de licitación de la encomienda de gestión se generó tensión con los técnicos por las supuestas presiones de Deusa para que Servimum SL obtuviera el contrato. Ninguna de las mejoras que planteó la empresa en el proceso de licitación, por las que resultó adjudicataria, se materializaron. El contrato se firmó por un importe de 842.975 euros.

El hijo de Mariano López fue uno de los coordinadores contratados desde la puesta en marcha del servicio. El empresario Francisco José Palomares Ruzafa, según en correo electrónico intervenido por la UCO, avisó días antes de la resolución pública de que había ganado: “Aunque no es aún oficial, mi empresa Servimum ha obtenido por un amplio margen la mejor puntuación, por lo que sin duda resultará adjudicataria del contrato”, anunciaba a una trabajadora.

La firma debía, al menos según los pliegos, aportar los recursos humanos para el 'call center' y se comprometía a llevar a cabo la formación de sus empleados anualmente. La empresa pública Imelsa ponía a disposición de Servimum el local, los equipos y las aplicaciones de gestión y el software. “El servicio, desde el inicio y durante toda la duración del contrato fue realizado por no más de ocho agentes operadores”, destaca el juez, quien también recuerda que todo el soporte técnico, así como el material que debía correr a cargo de la adjudicataria, corrió a cargo de Imelsa.

Con estas deficiencias, de las 109.956 horas de agente ofertadas por la empresa, solo se prestaron 33.736 durante la ejecución del contrato. El servicio de redes sociales tampoco llegó a prestarse.

Cuando el funcionario Salvador Deusa dejó de ser responsable del contrato, la entonces directora de Recursos Humanos de Imelsa, María Gracia Escrihuela (imputada en la pieza separada B del caso Taula), detectó los incumplimientos del contrato, se lo comentó a Benavent, gerente de Imelsa, “que le dijo que siguiera trabajando en esa linea”. En esas fechas, se cruzan varias llamadas entre el suegro de Benavent, Rus y el empresario Fernando Palomares, según la UCO.

Entre tanto, la diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo, actual consellera y denunciante del macrocaso de corrupción, solicitó el expediente de contratación (tras recibir un soplo), lo que generó aún más inquietud entre los responsables de la empresa pública. El exsuegro de Benavent fue quien entregó las diez horas de grabaciones extremadamente comprometedoras que el yonki del dinero registró en secreto durante años y que sirvieron de punto de partida para la investigación del caso Taula por parte de la Fiscalía Anticorrupción. 

“A lo mejor era una persona que llamaba 11.000 veces”

La directora de Recursos Humanos planteó las deficiencias del servicio en una reunión con Rus, Benavent y el entonces vicepresidente de la Diputación, Emilio Llopis. Rus, según la declaración de la mujer, contestó que el servicio funcionaba y cuando le preguntó cómo podía ser que hubiera 11.000 personas sin atender, el expresidente de la institución provincial, que siempre se ha caracterizado por un peculiar sentido del humor, “le replicó que a lo mejor era una persona que llamaba 11.000 veces”. Escrihuela dejó de dar el visto bueno a las facturas y acabó renunciando.

La UCO detectó transferencias de Servimum a Mariano López, suegro de Benavent, de 7.500 euros, poco después de la firma del contrato; 3.500 euros el día del primer pago de Imelsa y otros 23.500 euros el día del segundo pago. Además, los investigadores del Instituto Armado también comprobaron que la cuñada de Mariano López, María Concepción Torregrosa, ama de casa e investigada por blanqueo de capitales, figuraba como administradora única de una sociedad llamada Técnicas Legales Administrativas que ingresó 146.307 euros entre 2013 y 2016.

Cuando el PP perdió la Diputación de Valencia en 2015, el exsuegro de Benavent se puso en contacto con José Manuel Orengo, mano derecha de Ximo Puig, para conseguir la prórroga del contrato, según un mensaje intervenido por la UCO. Mariano López se dirigió también a Toni Gaspar, entonces vicepresidente segundo de la Diputación (y hoy en día presidente) con el que, al parecer, llegó a entrevistarse. Gaspar le contestó: “De momento, es imposible arreglarlo”. Con el trasfondo del estallido del caso Taula, el contrato nunca llegó a renovarse.