Pocas leyes han supuesto tales presiones y quebraderos de cabeza para los diputados que las impulsan como la Ley del juego y prevención de la ludopatía que será aprobada, previsiblemente, por el próximo Pleno de las Corts Valencianes. En total, los portavoces de los grupos parlamentarios que se han encargado de esta ley han debatido 241 enmiendas.
El sindicato UGT-PV, de la mano de su secretario sectorial de Hostelería y Turismo de la Federación Estatal de Movilidad y Consumo, Gonzalo Aranda, se ha sumado a la patronal del juego y del turismo en la cruzada por tumbar la ley.
El inopinado frente contra este texto legislativo critica que su aprobación supone el cierre de más del 95% de los salones de juego y casas de apuestas, “privando de esta oferta de ocio y entretenimiento de la que disfrutan millones de valencianos, únicamente por cuestiones ideológicas”.
UGT, junto a varias asociaciones patronales del sector del juego y del turismo, pide la “paralización” de la ley “ante la grave situación económica y de empleo que puede generar su aprobación”. Una línea argumental muy similar a la que utilizó recientemente el grupo parlamentario de Ciudadanos para pedir su retirada, tal como informó este diario.
El sindicato, según confirman varias fuentes parlamentarias, no se reunió con ninguno de los grupos parlamentarios que impulsan la ley (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem) ni presentó enmienda alguna al texto, como prevén los mecanismos de participación ciudadana del Parlamento valenciano. Este diario ha intentado contactar, sin éxito, con el responsable sindical a través del gabinete de prensa de UGT y de la consultora de comunicación Llorente y Cuenca, encargada de la nota de prensa conjunta.
Las enmiendas de sindicatos, asociaciones o cualquier entidad ciudadana son habituales en la tramitación de las leyes, así como las reuniones con los grupos parlamentarios para informar o intercambiar impresiones. En el caso de la Ley del juego, el sindicato CCOO-PV planteó un par de enmiendas que fueron presentadas y aprobadas en comisión e incluidas en el texto que se votará en el Pleno.
UGT participó en un debate organizado por el diario Levante-EMV el pasado 27 de febrero en el que el secretario sectorial del sindicato Gonzalo Aranda planteó varias propuestas genéricas a las leyes autonómicas sobre el sector del juego aunque en ningún momento pidió la paralización de la ley, según el resumen del encuentro.
Este jueves, Aranda aparece en una nota de prensa enviada por una conocida consultora de comunicación de Madrid en la que las asociaciones patronales lamentan que la Ley del juego y prevención de la ludopatía “se redactó en un escenario pre COVID-19, lo cual la deslegitima completamente, al haber cambiado drásticamente nuestro mundo y sociedad”.
UGT sostiene que el sector del juego privado en la Comunitat Valenciana aporta a las arcas autonómicas en “situación pre COVID-19” 140 millones de euros en impuestos y 39,2 en cotizaciones a la Seguridad Social, y supone 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos en el sector de la hostelería. La pandemia “ha mermado la situación” con ERTES en la práctica totalidad de las empresas del sector del juego y de la hostelería, asegura el sindicato en la nota de prensa conjunta.
“Se debe priorizar que la actividad de los salones de juego tenga las mismas medidas de admisión y control que el resto de los subsectores de juego privado, ya que esta medida es la que garantiza que la actividad se desarrolle con total garantía para la sociedad”, asegura Aranda, quien también considera que “las medidas de distanciamiento planteadas generan inseguridad jurídica para los salones de juego que están actualmente desarrollando su actividad y protegiendo el juego legal”.
“De otra manera podemos dar pie a una actividad de juego no legal”, añade el representante de UGT, que pide un “nuevo proceso normativo que dé más garantías” a los trabajadores del sector.
En la nota de prensa figuran las asociaciones del sector del juego Andemar CV, Anesar CV, Apromar, Asvomar, las patronales del sector del juego privado de ámbito nacional Cejuego y Anesar, ambas pertenecientes a CEOE, la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur), así como sus asociaciones miembro (Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante, Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón y la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia).