Fraccionamiento de contratos, facturas irregulares, compras de farmacia a través de caja fija... estas son, entre otras, las anomalías en los consorcios hospitalarios que ha encontrado la Sindicatura de Cuentas en su informe de fiscalización del año 2015. En concreto, el órgano que audita a las instituciones públicas, señala al Hospital General Universitario de Valencia y al Hospital Provincial de Castellón, que, por cierto, está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado.
Las cuentas de los dos hospitales han sido las únicas irregularidades que ha querido señalar el representante de este ente, Vicent Cucarella, durante la entrega del informe al president de les Corts. El documento señala la “inexistencia de mecanismos de control jurídico y económico sobre las decisiones de gasto” en ambos consorcios hospitalarios y valora negativamente los procedimientos de contratación cuyos criterios no tienen “justificación documental”.
Entre las irregularidades de los consorcios hospitalarios, destaca que: las adquisiciones de farmacia se tramitan como contratos menores a través del sistema de cajas fijas (que infringe el principio de publicidad), gran parte de las cuales se realiza mediante fraccionamiento indebido del objeto de los contratos; que en los expedientes revisados no consta una justificación documental adecuada sobre la elección de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar los contratos y que, en los contratos menores, se observa una insuficiente justificación sobre la necesidad e idoneidad del objeto del contrato y fraccionamiento indebido de su objeto. Lo mismo sucede en otros procedimientos como los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
La Sindicatura abronca especialmente a la Conselleria de Sanidad. Al margen de las irregularidades adminsitrativas, destaca que los pagos de las facturas de los contratos revisados se realizan con posterioridad al plazo legal establecido. Asimismo, pone el dedo sobre las empresas que gestionan el denominado Modelo Alzira y recuerda que los retrasos en las liquidaciones con la Generalitat -los hospitales privatizados deben más de 260 millones de euros- sin justificación.“No constando en los expedientes las causas e imputabilidad de las demoras”, advierte.
Por último, añade que la Adminsitración, en varias ocasiones, no ha comunicado la existencia de contratos ni al Registro Oficial ni a la Sindicatura. Entre las consecuencias de los hechos señalados estaría la nulidad de los actos administrativos y la depuración de posibles responsabilidades, siempre que el Consell lo autorice.