¿Blanquear o “gestionar patrimonios”? El auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que procesa a Eduardo Zaplana describe a Beatriz García Paesa y a Fernando Belhot, encargados de lavar el capital del exministro en paraísos fiscales, como “gestores” que “profesionalmente se dedicaban a gestionar patrimonios”. Así, el abogado uruguayo y la sobrina del espía Francisco Paesa “desconocían” que el botín de 15 millones del expresidente de la Generalitat Valenciana y su presunta banda corrupta tenía su origen en “comisiones delictivas”.
La jueza instructora indica que la relación con los lavanderos “se basaba en la confianza”. Una confianza truncada cuando ambos profesionales cantaron la Traviata ante el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, y la magistrada Isabel Rodríguez Guerola.
Beatriz García Paesa, –abogada de 53 años afincada en Luxemburgo, con un máster en Técnicas Financieras Internacionales por el ESSEC Business School de París e imputada por la Audiencia Nacional en el caso Defex– inició su relación con la trama del 'caso Erial' a través del empresario Vicente Cotino, también procesado en la causa. La sobrina de Paesa, cuyo personaje interpretaba la actriz Alba Galocha en la película El hombre de las mil caras sobre las andanzas de su tío en el 'caso Roldán', explicó que en su negocio las relaciones con los clientes “se basan en la confianza” y en una “simple llamada de teléfono”. “Y eso es lo que se paga”, apostilló en su declaración.
La mujer recibió en su despacho de Luxemburgo 600.000 euros en efectivo de la mano del entonces director general de la Policía Nacional, el fallecido Juan Cotino. “En Luxemburgo no se preocupan del origen del dinero pues parten de que si ha salido de un país, habría sido de forma legal”, alegó ante el fiscal anticorrupción y la instructora.
En la primera fase del presunto saqueo del 'caso Erial', García Paesa fue la encargada de “gestionar” el patrimonio de Zaplana, con la ayuda del abogado Federico Cannizzaro di Balmontino, condenado por la justicia italiana a cuatro años y medio de prisión por una trama que evadió 11 millones de euros de la compañía naviera Rbd Armatori, y del cónsul honorario de Uruguay en Luxemburgo, Alexis Kamarowsky. Una de las sociedades pantalla que usaba en Luxemburgo se cruzó en el camino de las pesquisas del 'súperjuez' francés Renaud Van Ruymbeke sobre otro caso de corrupción en el Hexágono.
La empresa Imision Internacional recibió 11,2 millones de euros desde cuentas en España y Suiza entre 2005 y 2009 en presuntas comisiones por la adjudicación de la privatización de las ITV y del Plan Eólico. En 2006, el empresario Vicente Cotino la telefoneó para comunicarle que las acciones de las empresas luxemburguesas pasaban a manos de Joaquín Barceló Pachano, amigo íntimo y “principal testaferro” de Zaplana según la jueza, y de Juan Francisco García Gómez, el exjefe de gabinete del político del PP, a quienes conoció en una comida en el restaurante La Dorada de Madrid.
Tres años después apareció en escena el abogado uruguayo Fernando Washington Belhot Fierro, para encargarse de la “optimización fiscal” de los fondos provenientes de mordidas. El letrado no sólo puso con su declaración al expresidente de la Generalitat Valenciana a los pies de los caballos sino que transfirió al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia los 6,7 millones de euros escondidos en cuentas suizas, una capital que “era de Eduardo Zaplana”.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil captó las reuniones entre Zapador (nombre en clave de Zaplana para los investigadores) y Sol en el hotel Wellington de Madrid y también intervino las crípticas conversaciones telefónicas que mantenían.
Belhot, que también aparece en el caso Lezo o en los papeles de Panamá, estaba salpicado por el 'caso Odebrecht' de corrupción masiva en varios países latinoamericanos. Al igual que Beatriz García Paesa, optó con circunspección por declarar ante la jueza y el fiscal anticorrupción. El hombre, al parecer, no vio nada raro en que su cliente fuera “extremadamente cauteloso” y no le enviara nunca ni un WhatsApp ni un correo electrónico. “Sólo órdenes de forma verbal para ocultar así al cliente”, destaca el auto.
Eso sí, Belhot aprovechó los contactos de Zaplana para ofrecer sus servicios a la flor y nata del empresariado español. El expolítico del Partido Popular presentó a su blanqueador a “presidentes de empresas de primer nivel” que cotizan en el Ibex 35 y a “políticos de altísimo nivel”, en activo y retirados. “Conocí incluso políticos del exterior, de países latinoamericanos, porque él [Zaplana] pertenecía también a la fundación FAES, creada por el señor Aznar en donde había contactos con presidentes y políticos de Latinoamérica”, aseguró el abogado uruguayo.
El profesional de la optimización fiscal, según la jerga al uso, confirmó que “daba puntualmente noticias a Eduardo Zaplana” sobre el botín que movía por paraísos fiscales como Panamá y que el exministro del PP “no había querido aparecer como titular de dichos activos financieros porque había sido una persona con actividad pública muy importante”, tal como recuerda la magistrada en el auto.
La sobrina de Paesa aseguró en una entrevista en el medio luxemburgués Paperjam que “los derechos de la defensa no existen” en España tras pasar 85 días en prisión preventiva por el 'caso Defex'. Su despacho de abogados, fundado en 2001 y situado en el número 5 del Boulevard Royal del Gran Ducado, sigue ofreciendo sus servicios. En el 'caso Erial' se ha librado.