Los científicos insisten en replantear el uso del suelo tras la DANA: “Hay que adaptarse al cambio climático”

La reorganización territorial, los usos hídricos o cómo desarrollar una educación ambiental han sido los temas que han puesto el broche final a la I Conferencia de Expertos del Cambio Climático y Territorio en el Mediterráneo Ibérico celebrada los días 30 y 31 de enero en el Centre Cultural la Nau de la Universitat de València e impulsada por los profesores Ana Camarasa y Joan Romero.

Durante la primera sesión de la mañana, Oriol Nel·lo, profesor de geografía en la Universitat Autònoma de Barcelona, ha iniciado una de las primeras mesas de la jornada sobre urbanismo y el uso del suelo en zonas como la ciudad de València. Según declaraciones del experto, la expansión de la población propicia que el territorio se degrade: “El proceso de urbanización ha cambiado los usos del suelo, lo que ha generado un avance de las superficies forestales y la reducción de las superficies agrícolas”, manifestó el catedrático en referencia a varios fenómenos como el de la litorización (el auge de vivir en la línea de costa).

Y es que Nel·lo insiste en que, aunque se haya avanzado y se disponga de la tecnología más avanzada, aún queda un largo camino por mejorar, como es la ordenación del territorio para “adaptarse a los efectos del cambio climático”. En este sentido, el catedrático recuerda que siempre se ha antepuesto la mitigación frente a la necesidad de cambiar la forma de convivir en el enclave litoral: “El calentamiento es irreversible y hay que aplicar estrategias de adaptación”.

Asimismo, aseveró que la cartografía, junto a la información de la que se dispone es deficitaria: “El mapa de riesgos es más completo, en el que se incluyen problemáticas como la geología o la inundabilidad de una zona”, explica. A ello, agregó que los planes territoriales habría que “replantearlos para el futuro y hacerlos vinculantes para el planeamiento urbanístico”

“Tras la DANA, hay que aprovechar para replantear la sostenibilidad de los usos del suelo existentes y adaptar su diseño y ubicación. Tenemos que evitar superar los límites impuestos por la naturaleza y los movimientos de tipo especulativo. Para ello es fundamental que exista una cooperación interadministrativa, contar con los recursos necesarios, incidir en aspectos ambientales y sociales, e involucrar a la ciudadanía”, subrayó Nel·lo.

Agua y movilidad

En el turno de la gestión de recursos hídricos, Anna Ribas, catedrática de Geografía en la Universitat de Girona, desgranó la situación del agua en el territorio nacional. Concretamente, las demandas de agua procedentes de un regadío en continua expansión y el aumento de los consumos industriales y turísticos ha supuesto que el modelo dominante de gestión se intensifique. “Las presiones sobre nuestras fuentes de agua han impulsado el surgimiento de recursos alternativos, especialmente por las etapas de sequías intensas, como trasvases intercuencas, aguas desaladas, reutilización de aguas residuales urbanas, etc.”, señala Ribas.

La disminución general de precipitaciones; el descenso de escorrentías por la subida de las temperaturas y el aumento de la frecuencia de intensidad de los fenómenos extremos son algunos de los efectos más patentes del nivel al que se está sometiendo el cambio climático. Sin embargo, la experta en geografía asegura que hay “una ventana de oportunidades”, como la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética: “El artículo 19 nos habla sobre que hay que perseguir la seguridad hídrica para evitar un escenario de vulnerabilidad que puede sufrir tanto la población en general como aquellas actividades que más lo necesiten”.

Respecto la histórica riada del 29 de octubre, Ribas recuerda que existe una concepción de gestión momentánea normalizada, y que no se plantean acciones significativas “que permitan realmente bajar la presión sobre los recursos naturales”. En referencia a la Directiva Marco Europea del Agua (DMA), la experta concreta que aún “estamos muy lejos de conseguir aguas superficiales y acuíferos en buen estado”: “Hace más de 20 años de su aprobación”.

Uno de los sectores económicos más potentes en el territorio nacional es la agroalimentación, cuya aportación al PIB en 2023 fue del 8,9%, según un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie); y uno de los que más agua necesita. A pesar de ello, la calidad del agua, junto a las redes de abastecimiento y la fuerte estacionalidad de la demanda en el mediterráneo de los espacios turísticos ha agravado su situación: “El volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento público ha disminuido desde el período 2000-2022”.

“El cambio climático agrava retos que ya están sobre la mesa. En España hay un marco legislativo muy potente, pero que se incumple sistemáticamente. Todas las administraciones competentes deben corresponsabilizarse del cumplimiento para garantizar agua en calidad y cantidad”, insiste Núria Hernández, doctora en Geografía por la Universidad de Sevilla y otra de las invitadas de esta mesa. En este sentido, Hernández también aseveró que es necesario presentar una evaluación continua de planes y programas para lograr una “visión integral del ciclo del agua que cuide la cantidad tanto como la calidad” porque se ha “invertido mucho dinero en políticas de agua públicas” y cuyos datos no han quedado registrados.

Otro de los puntos tratados durante el congreso fue el momento de crisis de movilidad y la incertidumbre ciudadana de aquellos vecinos de los municipios afectados por la DANA que no podían acudir a sus puestos de trabajo o desplazarse por cualquier motivo sin una infraestructura de transporte público.

Josep Vicent Boira, catedrático de Geografía Humana en la Universitat de València, ha sido el encargado de explicar las consecuencias de una movilidad inexistente en una sociedad contemporánea donde la red de movilidad pública es crucial para que el bienestar económico y social sea efectivo.

“Durante el COVID-19 vivimos un caso parecido, pero con la DANA se agravó porque las infraestructuras estaban destruidas. Esta circunstancia ha afectado directamente a la actividad económica, al factor residencial y al factor social. Es importante incidir en este último ya que 13 de los pueblos más afectados están entre los cinco y diez puntos por debajo de la media provincial de renta por hogar. Siempre pagan los mismos la situación de desprotección y necesidad de estos recursos”, manifiesta Boira.

La red de cercanías colapsada, los vehículos dañados y las carreteras inservibles han supuesto daños cuantificados en más de 2.100 millones de euros, tal y como afirma el experto: “La geografía importa porque hay patrones desordenados de la movilidad y del uso del suelo. Todavía no he escuchado debates sobre si debemos reconstruir miméticamente insistiendo en las mismas situaciones o acudir a otro modelo. Está claro que hay que evitar esas zonas inundables y de riesgo”.

La puesta en marcha del Plan de Acción Territorial del Área Metropolitana de València (PATEVAL) supuso un intento de corregir las deficiencias del sistema de movilidad. Sin embargo, su aprobación no se llegó a tramitar: “Seguimos sin plan de actuación metropolitano en València. Hay que repensar y reordenar qué se puede hacer con el territorio e impedir que se vuelva a paralizar el transporte en esta área”.

(Des)información y redes sociales

“La desinformación y el negacionismo dificultan la toma de decisiones informadas. Es imprescindible una comunicación clara basada en la evidencia científica”, expresó María Dolores Pitarch, catedrática de Geografía Humana en la Universitat de València.

Según el último barómetro del CIS, la gente tiene una actitud proactiva en informarse, y también están preocupados por el cambio climático, concretamente más del 75%, mientras que más del 70% considera que la pasada DANA está vinculada a esta situación de crisis extrema del clima.

Otro de los datos más destacados expuestos durante su intervención es que la televisión ha sido el medio de comunicación tradicional más escogido por la población, especialmente la RTVV, seguido de las redes sociales, un ecosistema digital donde la mediación periodística se difumina a medida que los usuarios adquieren el papel de informadores y dejan aflorar los bulos y las narrativas descontextualizadas y sesgadas. “Las dinámicas de estas plataformas ponen en el mismo nivel la ciencia y la pseudociencia y hay que estar muy atento con esto”, advierte Pitarch.

Ante esta situación, la catedrática plantea que se desarrolle una educación ambiental integral, basada en un entorno local que permita conectar el cambio climático con los problemas cotidianos para llegar a sectores poblacionales que creen que “está todo perdido”, como las generaciones más jóvenes.

“La forma en la que se comunica condiciona la percepción social. Hay que alejarse de enfoques apocalípticos y plantear soluciones viables que se puedan hacer de verdad en el medio ambiente. Es importante fortalecer la educación; la alfabetización digital y construir una ciudadanía crítica”, concluyó.