Discursos de odio, cacheos raciales y trabas para solicitar asilo: un informe denuncia “discriminaciones sistemáticas” contra los migrantes en València

El II balance anual “Discriminación cotidiana por racismo y xenofobia en València” pretende poner el foco en las “discriminaciones estructurales” que siguen teniendo que afrontar las personas migrantes en la capital del Túria y en el área metropolitana.

A diferencia del estudio del 2023, en esta ocasión, las asociaciones que velan por los derechos fundamentales de este colectivo han añadido dos agravantes: la cuestión laboral y cómo la catástrofe de la DANA ha condicionado aún más la situación de estas personas.

A partir de ejemplos concretos y la recogida de testimonios, los integrantes presentes han puesto de manifiesto las demandas de los afectados en distintos bloques temáticos y desde una perspectiva cualitativa. Este segundo balance se ha elaborado con la participación de Accem, Campaña CIEs NO, CEAR- PV, Convive Fundación Cepaim, Elche Acoge, Movimiento Por la Paz, Rumiñahui y València Acull. En conmemoración del día de las personas inmigrantes, el miércoles 18 de diciembre a las 19:00 horas se celebará una concentración en la plaza de la Virgen bajo el lema “el pueblo que salva también es migrante”, en alusión a las personas que colaboraron en la limpieza del fango y la provisión de alimentos tras la catástrofe del pasado 29 de octubre.

Aumento de delitos y discursos de odio

Los discursos de odio en redes sociales siguen al alza. El descrédito que sufre la comunidad migrante o personas racializadas, junto a “la deshumanización y degradación de las personas” es un ataque constante que se magnifica en las plataformas digitales, nidos donde los perfiles anónimos y las figuras ultras dejan fluir sus pensamientos más estigmatizados.

Según el último análisis mensual de septiembre del Observatorio Español del Racismo y la xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 48% de los discursos de odio contra los migrantes son de carácter “agresivo y explícito”, mientras que un 26% “incita a la violencia con amenazas directas o indirectas”. Además, otro 26% presenta a este colectivo como una amenaza, hecho que se vio plasmado en la última encuesta del CIS como principal problema para los españoles.

SI hablamos de los delitos de odio denunciados, según los últimos datos disponibles en el Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 856 hechos relacionados “con el racismo y/o la xenofobia” frente a las 755 del año anterior (2022), una variación porcentual del 13,38%.

En declaraciones de las organizaciones participantes, “los discursos de odio constituyen la antesala de la violencia”, y tras esta afirmación, han denunciado los argumentos y bulos racistas perpetrados por representantes políticos, como la concejala de Vox, Cecilia Herrero, y el teniente de alcalde de València, Juan Manuel Badenas denunciados por la fiscalía de delitos de odio. “El grueso de la ciudadanía está intentando frenar este tipo de discursos”, declaró una integrante de la jornada.

DANA, instituciones ausentes y vulneración de derechos

La riada ha supuesto un estrago añadido a la situación de vulnerabilidad y estigmatización para este colectivo. Según denuncian estas organizaciones y en una información ya publicada por este medio, existe una “doble afectación en las personas en situación administrativa irregular”, quienes temes a la hora de pedir ayuda por miedo a ser deportadas.

En este sentido, los bulos han responsabilizado “directamente a la población procedente del Magreb y comunidades gitanas” de los pillajes durante la crisis de la DANA. A ello, se le suma un caso registrado de mujeres que llevaban el hiyab “a quienes se les negó el reparto de comida, bajo el argumento de que ya habían sido atendidas, confundiéndolas con otras personas”.

“Sin padrón o contrato de alquiler no se tiene derecho a paro, no puedes solicitar prestaciones o tramitar la tarjeta sanitaria. Además, las fuerzas policiales desplegadas en la zona están identificando y cacheando a personas por sus rasgos étnicos”, subrayan.

La mala alimentación o la “deshumanización” de las personas internadas en el CIE de Zapadores ha sido otro de los puntos abordados durante la mañana. Una de las representantes de CIEs NO ha compartido algunas de las vulneraciones que suceden entre las paredes del centro de internamiento; entre ellas, ha destacado que a los inmigrantes encerrados “se les ponen trabas en el derecho al asilo, las visitas que reciben son sin contacto físico, los platos se sirven fríos en invierno y no existe un servicio de asistencia sanitaria a cargo del Estado”, por lo que la empresa encargada no tiene acceso al historial clínico.

Asimismo, desde la entidad que defiende el cierre del CIE, el próximo 31 de diciembre se concentrarán en los alrededores del centro como símbolo de “apoyo” y protesta contra las instituciones que siguen privando la libertad de las personas afectadas y deportando de forma injusta.

En un sentido similar, las organizaciones instan a la administración pública que ponga en funcionamiento el sistema de citas para solicitar asilo en València: “Se está alargando en el tiempo. Queremos que se respete el acceso a la protección internacional. No hay interés por parte de las instituciones”, destacan. Y añaden que con los refugiados ucranianos sí que se agilizaron los trámites y se pusieron todas las facilidades.

Esta situación ha supuesto que las personas tengan que buscar información a través de “redes y contactos desplazándose por toda España para conseguir una cita para una entrevista de asilo”. “Se ha creado un mercado negro ante la falta de respuestas administrativas. Es un factor que demuestra que la situación de los migrantes se ha agravado”, resaltan.

La exclusión financiera o la explotación laboral también se recogen en el estudio como dos circunstancias que complican el acceso a los mismos derechos básicos que el resto de la ciudadanía nacionalizada o regulada. “En los bancos, se rechazan docuentos válidos, como la tarjeta de solicitud de protección internacional; exigen el certificado de empadronamiento o las entidades no informan a sus clientes sobre las cuentas de pago básicas y gratuitas”, exponen.

En relación con el trabajo, las mujeres con contrato fijo discontinuo son “relegadas en último lugar para trabajar y al primero para ser despedidas” o algunos empresarios, ante la falta de conocimiento o temor de algunos trabajadores, se aprovechan para registrar un contrato de 8 horas semanales y obligarles a realizar una jornada completa. Estos son algunas de las malas prácticas que han denunciado durante la rueda de prensa y que ponen de relieve que el racismo estructural no es un fenómeno aislado. “Todos los días nos llegan casos, pero son las administraciones quienes tienen que tener voluntad política para que funcione el sistema”, sentencian.