Varios cientos de profesionales sanitarios se han concentrado este martes a las puertas de los hospitales valencianos para rechazar la medida impuesta por una jueza de Castellón que obliga al Hospital de La Plana (Vila-Real) a aplicar una terapia no contrastada en un paciente en estado crítico con coronavirus.
A principios de mes, una magistrada de dictó como medida cautelarísima la aplicación de ozonoterapia a un paciente no vacunado que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos del citado hospital, considerando su “uso compasivo”, dado que no había respondido favorablemente a otros tratamientos contra el virus. Las terapias con ozono no han demostrado su eficacia en pacientes con coronavirus ni están avaladas por las autoridades sanitarias.
La junta del Hospital de La Plana (Vila-real, Castellón), el Colegio de Médicos y otros colectivos como la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias han suscrito un comunicado en apoyo a los médicos intensivistas que se negaron a aplicar la ozonoterapia y contra la intromisión de personal ajeno a la sanidad pública en el hospital para practicar el tratamiento. Las organizaciones profesionales recuerdan que la medida judicial va “en contra de los protocolos científicos” y expresan que la “injerencia judicial en decisiones clínicas altera gravemente los procesos de evaluación que desarrollan las sociedades científicas, las guías de práctica clínica y el trabajo de las agencias de evaluación del Sistema Nacional de Salud”.
Los facultativos concentrados este martes, con el apoyo de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, creen que la medida judicial y el “uso compasivo” es una puerta de entrada a las pseudoterapias en la sanidad pública. La Junta del Hospital de La Plana indica que “supone una ruptura de los principios, una distorsión de la realidad” y expresa en un manifiesto que en las últimas semanas “nos han arrastrado más allá de las barreras que considerábamos infranqueables”, recordando que la prioridad “son los pacientes” y que se desconocen los riesgos de un tratamiento que no cuenta con aval científico.
“Se abre una puerta complicada, es un peligro que esto pueda ir avanzando a lo largo de los hospitales para que cada uno elija a la carta el tratamiento que quiera llevar. Para eso, hay otros lugares y cada uno es muy libre de ir donde quiera, pero en los hospitales públicos no deben tener cabida tratamientos que no cuentan con el aval científico”, concluyen los representantes sindicales del hospital.
La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha pedido al juez de lo Contencioso-Administrativo de Castelló cesar el tratamiento autorizado al argumentar que no hay evidencia científica de que tenga beneficio para el afectado y adjuntó el informe de la Agencia Española del Medicamento y del Instituto de Salud Carlos III sobre esta cuestión donde se rechaza esta utilización al entender que “no se cumple con la definición de uso compasivo”.