El Plan Especial de Reforma Interior (Pepri) del barrio del Cabanyal era un expolio. De este modo lo ha ratificado el Tribunal Supremo (TS) después de respaldar la paralización dictada por el Ministerio de Cultura en 2009 (durante el gobierno socialista) y rechazar el recurso que interpuso la Generalitat valenciana.
La Sala Tercera del Supremo ha basado su desestimación en que “los casos de expoliación del patrimonio cultural son competencia del Estado”, por lo tanto se ajustaba a derecho la suspensión dictada del plan urbanística para que se adaptara y garantizara la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron su calificación como conjunto histórico.
En su recurso, el Consell alegaba “que la actuación del Estado en esta materia era excepcional y subsidiaria, solo legitimada cuando la comunidad autónoma no actuara en defensa del bien protegido”. Frente a este argumento, el TS señala que “los casos de expoliación del patrimonio cultural, artístico y monumental son una competencia exclusiva atribuida a por la Constitución al Estado”.