La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) suspendía cautelarmente esta semana la denuncia de la Generalitat de los acuerdos suscritos por la institución con los sindicatos en junio de 2023 -durante la anterior etapa de gobierno del Botànic- en la Mesa Sectorial de Educación, así como las instrucciones aprobadas en junio de este año para la definición de las plantillas de profesorado en los centros educativos.
El tribunal considera que no está constatada la pretendida nulidad de aquellos acuerdos, pues no se ha aportado por la Abogacía de la Generalitat “resolución judicial o administrativa” que así lo declare. Del mismo modo tampoco se ha aportado una impugnación que cuestione su legalidad, explica el Alto Tribunal.
A raíz de esta resolución, STEPV pedía la dimisión del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvo y de la directora general de Personal, Sonia Sancho, por “impulsar la denuncia ilegal de los acuerdos de plantillas” y presidir las mesas de negociación en las que “no quisieron atender los argumentos legales y jurídicos de Stepv avalados ahora por el TSJCV”: “Estaban avisados que estaban cometiendo una ilegalidad al plantearse la denuncia de los acuerdos de forma extemporánea”. Además, exigirán a la Conselleria de Educación la recuperación de los acuerdos de plantillas anulados y la contratación de los 1.900 docentes que este año no se han incorporado por la no aplicación de los acuerdos.
Por su parte, los sindicatos CCOO PV y ANPE reclamaban una “reunión urgente” tras la decisión del alto tribunal valenciano para establecer los plazos de aplicación de esta medida cautelar y devolver las plantillas a lo establecido en los acuerdos de mejora.
Reunión con los sindicatos
La Conselleria de Educación convocará en los próximos días una reunión con los sindicatos tras la decisión del TSJ. Fuentes del departamento de Campanar señalan a Europa Press que están estudiando el auto del Tribunal Superior de Justicia, comunicado formalmente el jueves a la Abogacía, y que “en este momento habla únicamente de una medida cautelar”, al tiempo que recalcan que el Gobierno valenciano acatará las decisiones judiciales definitivas.
La decisión afecta a las plantillas de profesores de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Especial y Educación de Personas Adultas.