Al arquitecto Carlos Roques Mata lo llamaban “el viabilizador” en la Conselleria de Sanitat. Allí conoció a un alto cargo del Partido Popular llamado Máximo Caturla que se llevó al joven arquitecto de la mano a Ciegsa, donde lo nombró jefe de la división técnica de seguimiento. “Era muy amable en el trato” —recuerda una testigo del caso Taula— y durante los cuatro años que ocupó puestos directivos en Ciegsa todo aquello que sus subordinados no querían firmar lo asumía él, “de ahí posiblemente lo de viabilizador”.
Otro testigo declaró ante la Guardia Civil que Carlos Roques no hizo nada por evitar los sobrecostes aunque admite que el arquitecto “cumplía órdenes de la Conselleria”. A la testigo, también arquitecta, le sorprendió sobremanera que el nuevo directivo de Ciega era “una persona muy joven y sin experiencia en el sector”.
El testigo R.C.P., arquitecto de Ciegsa, explicó a la Guardia Civil la mecánica del presunto saqueo en la empresa pública. “En la época de Máximo Caturla las empresas licitaban constantemente al 16% de baja, existiendo una presión por parte de estas sociedades y por parte de la dirección técnica, en este caso Carlos Roques, para compensar la baja realizada”, declaró ante la UCO. Caturla “daba a este técnico [Roques Mata] las cosas que era difícil sacar adelante”, añade el testigo.
La meteórica carrera de Carlos Roques Mata comienza en la Conselleria de Sanitat, de la que Caturla es alto cargo, y donde la Guardia Civil sitúa a los también investigados en la pieza de Ciegsa Joan Vergara y Elena Bosque, quien “ejercía la presión sobre los técnicos para que el proyecto se aprobara”, según declaró un testigo ante la UCO.
En un correo electrónico de Carlos Roques, localizado por los investigadores, el arquitecto esboza las alegaciones de la empresa pública a un informe del Síndic de Greuges que alertaba de varias irregularidades en la construcción de centros educativos. El mail salva de las críticas a la empresa BM3 Obras y Servicios por lo que la UCO destaca “cierto trato de favor” hacia esta constructora, que obtuvo en la época del Partido Popular adjudicaciones millonarias de varias conselleries.
La constructora BM3 pagó, según acredita el sumario del caso Taula, 160.000 euros a dos empresas de Máximo Caturla. De esa cantidad, 94.000 euros fueron a parar a una empresa de tomate frito de la familia Caturla. Durante el registro del domicilio del ex consejero delegado de Ciegsa, la UCO intervino documentación manuscrita del investigado en la que, “sabedor de la existencia de un procedimiento judicial contra él” anota su “evolución patrimonial”. Los investigadores sospechan que Caturla trataba de justificar sus ingresos y, singularmente, los 94.00 euros pagados por una constructora a su empresa de tomates.
El “viabilizador” de Ciegsa también continuó su relación con la empresa BM3. La puerta giratoria lo llevó a trabajar en la constructora junto a su mujer Nuria Mas Peña, también técnica de la Conselleria de Sanitat y de Ciegsa con Máximo Caturla. La pareja trabajó dos años en la empresa, entre 2008 y 2010, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social consultados por la UCO.
El matrimonio de los arquitectos con la constructora no acabó allí.
El investigado continuó como apoderado de la matriz española de BM3 hasta el 10 de enero del 2018, según los datos que constan en el Registro Mercantil. Desde Valencia, Carlos Roques Mata viajó a Lima (Perú), donde fue el presidente del consorcio BM3 Salud que construyó, junto a Ribera Salud o Eresa entre otras conocidas empresas valencianas, dos hospitales pilotados por el el exgerente del Hospital Provincial de Valencia, Sergio Blasco, a través de la Fundación del centro hospitalario. El Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia archivó la denuncia por este caso, por el que el sobrino de Rafael Blasco dimitió de su puesto.
En Perú, el arquitecto figuraba como gerente de las dos empresas encargadas de la construcción de los hospitales inspirados en el modelo Alzira, Callao Salud S.A.C. y Villa María del Triunfo S.A.C. Un documento colgado en la web del Congreso de la República de Perú, aportado en la denuncia inicial del caso, situaba a Sergio Blasco como “representante de Callao Salud y Villa María de Triunfo Salud S.A.C.”. El exconseller de Sanitat, Rafael Blasco, adjudicó a BM3 un contrato de 2,8 millones de euros mientras que su sobrino dio otro contrato de un millón a través de la Fundación del Hospital provincial.
Roques Mata también era apoderado de dos constructoras peruanas —Mestral S.A.C. y Gregal S.A.C.— junto al ciudadano español Javier Pérez Claramunt (vinculado a BM3) y al peruano Claudio Benjamín Ortiz de Zevallos Legunda, condenado por estafa, según la denuncia inicial del caso de Esquerra Unida.
El matrimonio de arquitectos estaba citado a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 18 que investiga el caso Taula el próximo 6 de noviembre pero su abogado advirtió al juez que Carlos Roques y Nuria Mas deben estar en Perú aquella fecha. Ambos declararon, según fuentes cercanas al caso, el pasado 25 de septiembre. El juez en ningún caso les ha retirado el pasaporte. Ninguna de las partes lo ha solicitado.