La Asociación de Afectados por el Proyecto Castor (APLACA) pide cinco años de prisión para los dos directivos de la empresa Escal UGS SL que pese a los seísmos aumentaron la velocidad de las inyecciones de gas. 137 vecinos de localidades como Vinaròs, Alcanar o Benicarló, entre otras, piden 2.500 euros de indemnización por cabeza (en total, 342.500 euros) por los “daños materiales y morales” que ocasionó el almacén de gas. APLACA solicita cinco años de prisión y 24 meses de multa para los directivos de la empresa Escal UGS SL Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau y 36 meses de multa para la mercantil como persona jurídica.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs confirmó el procesamiento de ambos directivos y de la empresa por un delito contra la ordenación del territorio y del medio ambiente. La asociación de afectados cree que los hechos son constitutivos de un delito consumado contra los recursos naturales y el medio ambiente, según el escrito de acusación de APLACA al que ha tenido acceso este diario.
Los afectados recuerdan que los directivos de la empresa empezaron la fase de inyección de caudal nominal de gas el 2 de septiembre del 2013. Tres días más tarde, Escal UGS SL aumentó la intensidad del caudal y las inyecciones de gas provocaron un “aumento exponencial de la sismicidad en la zona”.
El 9 de septiembre, el Observatorio del Ebro (organismo encargado de analizar la sismicidad de la comarca) comunicó a los responsables de la empresa esta “alarmante situación” pero los directivos procesados, “pese a las consecuencias que podía tener continuar con estas acciones”, aumentaron la inyección de gas hasta un caudal “récord”.
Los empresarios Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau supeditaron “en todo momento el grave perjuicio que podían generar en el medio ambiente y en la salud de las personas a la finalización de la tercera fase de inyección” del proyecto Castor.
Estas inyecciones causaron “un estrés geológico que provocó 519 seísmos” desde el 5 de septiembre hasta el 4 de octubre, con magnitudes que llegaron hasta los 4,2 puntos en la escala de Richter. “El resultado fueron daños materiales y morales de diversa consideración y un estado de alarma colectivo generado entre los vecinos de las poblaciones cercanas a la plataforma”, indica el escrito de acusación de APLACA.
La asociación sostiene que las “infracciones penales cometidas por los acusados” provocaron un “daño moral de relevancia” a, como mínimo, 137 vecinos de las localidades afectadas por la actividad sísmica. APLACA considera que está acreditado que los residentes en las áreas afectadas “han sufrido un estrés, angustia y miedo de considerable importancia como consecuencia de la sismicidad inducida por la inyección de gas en la plataforma”.
El peligro, según la asociación de afectados, no ha pasado. “La incertidumbre por posibles nuevos terremotos en el futuro persiste, ya que, según muchos expertos vaticinan, el aumento de presión en el subsuelo producido por la inyección de gas ha provocado una inestabilidad estructural que puede provocar en el futuro nuevas olas de sismicidad de alcance desconocido”, advierte el escrito.
La cantidad reclamada —2.500 euros por cabeza— y la lista de afectados (compuesta por 137 vecinos de varias localidades cercanas) es provisional ya que “actualmente se están completando los expedientes individuales de cada adherente de APLACA, lo que servirá para, en su caso, precisar o ajustar el importe reclamado para cada uno de ellos, por los prejuicios morales sufridos”.
La asociación considera que los dos directivos de la empresa, así como compañía aseguradora de la empresa, son responsables civiles directos y solidarios de la indemnización reclamada, que suma 342.500 euros.