El testigo del 'caso Taula' que no fiscalizó el saqueo: el interventor nombrado a dedo por Alfonso Rus manejaba constructoras y fotovoltaicas

Ricardo Camarena Gil, el interventor de la Diputación de València nombrado a dedo por Alfonso Rus durante los años de mayor saqueo de la presunta banda corrupta investigada en el marco del caso Taula, ha combinado su puesto de funcionario de carrera con hasta una decena de cargos societarios en empresas dedicadas, entre otros, a los sectores eléctrico y de la construcción. El testigo de Taula, según los datos consultados por elDiario.es en el Registro Mercantil, ha manejado empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria, constructoras de edificios residenciales y un despacho.

Camarena, funcionario de carrera de grupo A, fue nombrado interventor en 1999 por el entonces conseller de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas del Partido Popular José Luis Olivas, condenado a un año y medio de prisión por falsear una factura e investigado en el caso Erial. La resolución de su nombramiento, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, incluye a otro funcionario, Ignacio Pérez López, que daría que hablar por su papel en el caso de la Fórmula 1, al exonerar al expresidente Francisco Camps a pesar de haber sido auditor delegado cuando se hizo el circuito. Camarena ejerció las funciones de fiscalización y control en la Intervención del Tesoro de la Generalitat y en la Conselleria de Educación y Deporte.

Una década más tarde, el entonces presidente de la Diputación de València lo nombró (a dedo) interventor de la institución provincial. El decreto de nombramiento consideraba, en detrimento del resto de funcionarios candidatos a la plaza, que Camarena contaba con “méritos que no se dan en los otros tres aspirantes al puesto de trabajo”. El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital) recurrió el nombramiento y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana le dio la razón y anuló el nombramiento. Uno de los candidatos que no obtuvo la plaza era José Eugenio Garcerán, el actual interventor de la Diputación.

Ricardo Camarena, cazador y golfista, reconoció en su declaración como testigo ante el juez del caso Taula que, durante el lustro que estuvo en la Diputación de Valencia, no realizó informes de control de Imelsa, la empresa pública epicentro del presunto saqueo y cuyo gerente era Marcos Benavent, autodenominado yonki del dinero, a pesar de que se trataba de una mercantil de capital 100% público. Camarena, según declaró, se limitó a subcontratar las auditorías anuales de Imelsa.

Durante los cuatro ejercicios en que Camarena fue interventor de la Diputación, los años de presunto saqueo frenético, combinó su puesto con una intensa actividad empresarial. El interventor aún conserva cargos en tres empresas: es administrador único de Planta Fotovoltaica Viver 6 SL, dedicada a la producción de energía eléctrica; administrador de Solarflex Energías 21 SL, de comercio al por mayor de prendas de vestir; y de Ekon Propiedades SL, una empresa sin empleados dedicada a la promoción inmobiliaria y en la que también figuran como administradores Enrique de la Rubia Cano y José Vicente López Ibáñez. En Solarflex Energías 21 SL también aparece como administradora Cristina Garcí Cebriá, funcionaria y jefa de servicio en el Ayuntamiento de València. La mercantil proviene del gigantesco vivero de empresas que ofrece Ramón Cerdá Sanjuan, al que también recurrieron implicados en Gürtel y en Noos, aparte de Marcos Benavent.

El interventor también fue consejero delegado de Camps del Turia 21 SL (junto con los empresarios José Chisvert Calabuig y José Manuel Corell Barrachina) y administrador de Accent Hispania SL, una mercantil del pirotécnico Vicente Carsi cuyo objeto social abarca desde la producción de energía eléctrica hasta la construcción de obras de ingeniería y de edificios residenciales. Camarena también fue administrador mancomunado de otra empresa vinculada a Carsi: Crossfire Trade SL, una sociedad que cuenta hoy entre su accionariado con la participación de la ingeniería Martínez Aleixandre SL y que también proviene del vivero de empresas de Ramón Cerdá Sanjuán.

Asimismo, el interventor tenía el despacho CC&A Legal y Económico SLP que apenas funcionó ocho meses en 2016, cuando Camarena ya había abandonado la Diputación, un ejercicio en el que manejó la sociedad CC&A Acceso Eléctrico SL, dedicada al comercio de energía eléctrica. En Comercio y Servicios Ribac SL, una microempresa cuyo objeto social es el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, Camarena fue administrador solidario y apoderado junto a la jefa de servicio del Ayuntamiento de València Cristina Garcí Cebriá. En Garcam Patrimonial SL, dedicada a la construcción de edificios residenciales, el exinterventor de la Diputación fue administrador mancomunado con Rafael Alfonso Cámara Rosquelles y Francisco Javier Mohedano García.

El exdirector económico financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch, investigado en la causa, declaró que el control de la legalidad y la fiscalización de la empresa pública correspondía precisamente a Camarena. El exinterventor dimitió de su puesto con la llegada de la izquierda a la institución provincial y con el trasfondo del caso Taula, en el que nunca ha estado investigado, en plena ebullición.

Camarena, actualmente interventor de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra, ha declinado responder a las preguntas de este diario.