“Todas las macrocausas que se instruyen en la Comunidad Valenciana derivan directamente del denominado caso Taula”. Así de contundente se expresa la defensa del empresario Jaime Febrer en un escrito incorporado al sumario del 'caso Azud'. La jueza instructora rechazó que se incluyeran las declaraciones en el 'caso Taula' de Jesús Gordillo, exasesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia, alegando que ya había comparecido en 'Azud'.
Se trata del asesor de Alfonso Grau, número dos de Rita Barberá, que obtuvo la condición de testigo protegido y que desveló la presunta financiación en B del PP en Valencia. En su declaración ante el instructor del 'caso Taula', Gordillo afirmó que el letrado José María Corbin, cuñado de Rita Barberá, cobraba 'peajes' a las empresas contratistas del consistorio para tratar de “repartirse el mercado” de adjudicaciones.
Su testimonio permitió a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tirar del hilo para investigar los manejos de fondos en B del PP de Rita Barberá en Valencia. Aunque fue una denuncia anónima ante la Agencia Tributaria la que dio pie a indagar a partir de 2016, en el marco del 'caso Azud', sobre los tratos del cuñado de Barberá con empresarios contratistas del ayuntamiento, ambas tramas presentan muchas similitudes y sus protagonistas se repiten en algunos casos.
La defensa de Febrer considera que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “ha tenido tratos” con Gordillo, quien habría sido llamado a declarar en el 'caso Azud' con el “único y exclusivo fin” de incriminar a Grau y al empresario Jaime Febrer en un “intento prospectivo” de alargar las pesquisas. El testigo relató la “relación cercana” entre ambos.
El letrado de Jaime Febrer agrega que la declaración del testigo protegido propició que se haya investigado al empresario “a través de investigaciones totalmente prospectivas basadas en correos, whatsapps, registros y agendas” sin “un solo elemento claro” de su participación delictiva.
Por el contrario, el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, recuerda que la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ya desestimó peticiones en este sentido y tilda de “evidente equivocación” la vinculación de causa efecto con el 'caso Taula'. El representante del Ministerio Público sostiene que el 'caso Azud' se inició tras una denuncia —anónima— ante la Agencia Tributaria sobre pagos “en cuantías importantes” de adjudicatarias del Ayuntamiento de Valencia el despacho de Corbín “sin aparente justificación”. También alega que Gordillo ya prestó declaración en el 'caso Azud'.
Por su parte, la jueza instructora argumenta que se trata de dos “causas asociadas a la denominada corrupción en sus diferentes modalidades delictivas”. “Las declaraciones que este testigo hubiera prestado en la causa seguida en el Juzgado de Instrucción número 18 lo serán en relación a los delitos que allí se investigan que nada tienen que ver con los que se siguen en este procedimiento”, concluye la jueza del 'caso Azud'.