Torrevieja se saldrá con la suya este miércoles en su disputa mantenida con el Gobierno valenciano a raíz de los test rápidos a docentes que encargó a Ribera Salud. Desde las tres de la tarde hasta las 9 de la noche, 1.100 profesores de los colegios e institutos de la ciudad y 400 miembros del personal no docente (monitores y trabajadores de la limpieza, entre otros) están citados en las instalaciones del Centro Municipal de Ocio para someterse a las pruebas serológicas.
El anuncio por parte del alcalde del PP, Eduardo Dolón, de retomar una iniciativa prevista para principios de curso, frenada poco más tarde por Conselleria de Sanidad y avalada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el pasado viernes, llega después de que el Ejecutivo de Ximo Puig dejará este lunes en manos de la Abogacía de la Generalitat la decisión de recurrir o no el auto del TSJCV, cuyo plazo acaba precisamente este miércoles. Se da la circunstancia de que la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de este órgano judicial se encuentra detrás de polémicos dictámenes contra la gestión valenciana, como el plurilingüismo o subvenciones a la educación concertada, posteriormente corregidas por las instancias superiores.
A la espera de conocer el movimiento del Gobierno valenciano Torrevieja ha decidido actuar por su cuenta tras detectarse los primeros positivos en aulas de la localidad de la Vega Baja: dos alumnos de Primaria del Colegio Público Virgen del Rosario, un alumno de Bachillerato de La Inmaculada y un último en el Colegio Público Ciudad del Mar.
Y para ello, se ha tenido que enfrentar al departamento de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, que ha mostrado su negativa a los test rápidos porque unas pruebas de esta forma “no cuentan con el suficiente respaldo científico que informe del balance riesgo/beneficio” y porque implican “que su impacto en salud sea incierto y las garantías de calidad, cuestionables”.
Por el contrario, el TSJCV entiende que los test a docentes son aptos porque concurren circunstancias “de especial urgencia” para adoptar la medida cautelarísima, “ya que el curso escolar ha comenzado en los primeros días de este mes y es precisamente en este comienzo de curso cuando el Ayuntamiento de Torrevieja tiene previsto iniciar la actuación cuestionada”.
Por su parte, el alcalde Eduardo Dolón ha contado en todo momento con el patrocinio de Ribera Lab, perteneciente al grupo Ribera Salud, empresa que gestiona el hospital público de concesión privada de Torrevieja. A este respecto, la consellera Barceló confirmó este lunes que el Gobierno del Botánico recuperará para la gestión pública este centro hospitalario, una vez finalice la concesión en octubre de 2021.