A principios de 2011, el exalcalde de Gandia, Arturo Torró (PP), tomó la decisión más polémica de su mandato. Cerró la televisión pública local y adjudicó ese servicio a dos televisiones distintas. Una de las beneficiarias fue una mercantil supuestamente del entorno empresarial de Torró, Inversiones Especiales del Mediterráneo. Al cabo de unos meses, el servicio lo asumió en solitario esta sociedad.
Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, esta mercantil fue vendida por 2,8 millones de euros en medio de la crisis del sector audiovisual local al grupo de comunicación que gestiona la familia Peralta en mayo de 2012, pocos meses después de realizarse la adjudicación desde el gobierno local del PP.
A partir de esa compra, Torró regó con publicidad la televisión. Desde 2013 a mayo de 2015 el Ayuntamiento de Gandia otorgó por la inserción de espacios publicitarios a la cadena 2,7 millones de euros. Si se suma la cantidad dada a las otras empresas propiedad del grupo de comunicación más importante de la ciudad -en él se integra Radio Gandía- la cifra asciende a 4,8 millones de euros. La mayoría de los acuerdos para la inserción de publicidad institucional se firmaron a través de la sociedad pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), considerada la Imelsa de la capital de La Safor.
El administrador de Propulsa, que es la empresa que ostentaba la propiedad de la televisión antes de la compra por el grupo de comunicación, es Jorge Masià. Considerado por los socialistas en su denuncia a la Fiscalía como uno de los testaferros de Torró, compartió negocios con el exalcalde a través de la mercantil Green Medical. Pese a la adquisición, Masià siguió como administrador único hasta enero de 2015 en la empresa NewPosition, integrada en el entramado de Inversiones Especiales del Mediterráneo.
La adjudicación está bajo la lupa judicial. La juez imputó a Torró por la licitación de la televisión al observar supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. El exalcalde declarará ante la juez que instruye el caso en marzo. La adjudicataria fue propiedad en su primer momento de José Codina, antiguo gerente de la cooperativa del Centro Histórico, cuando Torró era presidente de esta. Codina también habría compartido domicilio fiscal con el exalcalde. Tras la difusión de los informes realizados por Bankia a cuenta de las operaciones entre la entidad y Torró, los socialistas de Gandia concluyeron que Codina actuaba como simple testaferro del exalcalde, ya que éste sería el verdadero dueño de la empresa.