72 horas después del chapucero corte de emisión de Canal 9 la ya muda Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) sigue dejando imágenes surrealistas. A primera hora de la mañana del lunes, decenas de trabajadores han acudido a sus puestos de trabajo de los centro de producción de programas de Burjassot (Valencia), Castellón y Alicante.
Se han encontrado con la puerta cerrada y las instalaciones custodiadas por la policía, pero su presencia allí persigue tres objetivos: seguir luchando por sus puestos de trabajo y por un servicio público que consideran esencial, dejar claro que no han recibido una notificación oficial que les impida trabajar y difundir el coste de enviar a sus casas sin trabajo pero con sueldo a más de 1.600 trabajadores.
De hecho, en la estrambótica madrugada del viernes, la empresa notificó vía correo electrónico a los trabajadores que no tenían vacaciones o permisos retribuidos -todos los que no había sido despedidos en el frustrado ERE anterior- que su presencia no era necesaria en sus puestos de trabajo. Seguramente, la primera vez en la historia de la empresa pública española que se comunica con nocturnidad una suspensión de empleo con sueldo.
¿Cuánto cuesta tener a los profesionales de RTVV cruzados de brazos? La cifra final dependerá de cuando se ejecute el ERE de extinción que despedirá a la totalidad de la plantilla, pero, en función de los plazos, podría ser de hasta de 30 millones. Por lo pronto, el contribuyente despilfarra 200.000 euros al día en salarios de trabajadores que no tienen tarea que desempeñar.
Esa es la cifra que resulta de dividir la masa salarial de RTVV (algo más de 72 millones en 2012) por 365 días al año. Según las cuentas de la auditoría, Canal 9 y Ràdio 9 cerraron el año pasado con 1.695 trabajadores, 1.300 millones de deuda y 192 millones de pérdidas. Sus ingresos fueron de 9,3 millones. No dan (daban) ni para pagar dos meses de salarios.
¿Cuándo se ejecutará el ERE?
Este es otro misterio sin aclarar por el Consell, que aunque no quiere precipitarse para evitar otro varapalo judicial, desea acelerar los plazos para desactivar el desgaste que le producen las protestas de los trabajadores. El primero tardó siete meses en ejecutarse. El que ahora se prepara, tampoco parece que sea cuestión de semanas, aunque es de una complejidad menor ya que es un ERE de extinción que afectará a toda la plantilla.
La ley, en cualquier caso, marca un plazo de negociación mínimo de 30 días con los trabajadores. El Consell, según publica Las Provincias en su edición papel, quiere contratar de urgencia a una empresa externa que ejecture el ERE a la mayor brevedad. El show continuará.