Apenas unos meses después del caos provocado por la huelga de la basura en Madrid, Alicante se enfrenta a una huelga indefinida del servicio de limpieza urbana y recogida de basuras después de que los trabajadores votaran este lunes en contra del preacuerdo alcanzado el pasado domingo entre el comité y la dirección para ampliar en un mes el plazo de negociación del nuevo convenio. Finalmente, la mayoría de los empleados (252 contra 161 sobre una plantilla de 513 trabajadores) decidieron mantener los paros.
Se mantienen unos servicios mínimos del 50 por ciento para la recogida de basuras y del 35 por ciento para la limpieza viaria, según informa el diario Información, que apunta que los trabajadores recogen diariamente entre 800 y 1.000 toneladas de residuos sólidos urbanos, mientras que el comité estima que con los servicios mínimos se quedarán cada día en la calle entre 400 y 500 toneladas de residuos.
El pasado 9 de enero se producía la primera reunión ante el Tribunal de Arbitraje Laboral para intentar alcanzar un acuerdo que evitara la huelga, un acercamiento que los trabajadores consideraban inviable después de que la empresa adjudicataria, la UTE-Alicante, decidiera 'descolgarse' del convenio.
Recurso de EU
Además, se da la circunstancia de que Esquerra Unida tiene recurrida la adjudicación, que asciende a unos 495 millones de euros por un periodo de 12 años, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La UTE-Alicante está participada por el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal junto a la alcaldesa, la popular Sonia Castedo.
Precisamente, desde EU denunciaban que “la empresa quiere mantener e incluso aumentar sus beneficios pasando por encima de todo, de los derechos de los trabajadores, del convenio laboral, del pliego y del Ayuntamiento”, al tiempo que calificaba de “temeridad” que la UTE-Alicante se plantee reducir la plantilla mediante amortizaciones por jubilación en 50 trabajadores cuando “con la plantilla actual no se cubren las necesidades”.
EU propuso rescatar la contrata, lo que habría supuesto un ahorro anual próximo al 20%, al no tener que pagar ni el IVA ni el beneficio empresarial, lo que cifran en unos 7 millones de euros, lo que habría permitido “mantener la plantilla y los derechos reconocidos mediante el convenio, e incluso aumentar la plantilla para garantizar una adecuada limpieza en toda la ciudad”.