El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció a bombo y platillo la creación de un banco de ADN para que las víctimas de la dictadura franquista “puedan identificar de forma gratuita los restos de sus seres queridos”. El banco de ADN, fundamental para cruzar los datos genéticos de los descendientes con los restos exhumados de las fosas de la posguerra, tendrá que esperar.
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)que planteó la Conselleria de Participación,Transparencia, Cooperación y Calidad Democráticas, que en esta legislatura ostenta las competencias de memoria histórica, para poner en marcha el banco de ADN.
El auditor público cuestiona que FISABIO no justifique que disponga de un 85% de personal propio para llevar a cabo la encomienda (la fundación sólo podía ofrecer el 50% de su personal a pesar de contar con los medios y el personal especializado para crear el banco de ADN).
La ley de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana, aprobada en 2017 cuando las competencias de este negociado dependían de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, prevé que la Generalitat “gestionará un sistema de banco de datos de ADN”. Aunque la ley indica que el banco de datos genético dependerá del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de València, el Consell planteó una encomienda de gestión a la fundación pública FISABIO.
Las competencias de memoria histórica pasaron en el segundo Gobierno del Pacto del Botànic del departamento de Gabriela Bravo a la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que dirige Rosa Pérez Garijo. Los nuevos responsables plantearon que la encomienda de gestión fuera para la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe pero la Intervención plantea el mismo reparo que con FISABIO.
La Conselleria de Rosa Pérez estudia ahora las opciones para crear el banco de ADN. La Diputación de València, pionera en financiar los análisis genéticos para la identificación de las víctimas del franquismo en las fosas valencianas, pagaba un laboratorio privado en Madrid donde se enviaban las muestras. La posibilidad de licitar el banco de ADN de la Generalitat a un laboratorio privado no convence a los responsables de la Conselleria.