El abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, lideraba una trama de corrupción masiva vinculada a comisiones ilícitas por operaciones urbanísticas. Como mínimo, la red corrupta repartió aproximadamente siete millones de euros entre cargos políticos del PP y del PSPV-PSOE, según ha acreditado la investigación del 'caso Azud'. Casi el 80% de los ingresos del despacho de Corbín provenía de pagos de mordidas vinculadas a adjudicaciones públicas.
El Grupo Axis, perteneciente al empresario Jaime Febrer, movió grandes cantidades de dinero en efectivo que sirvieron para supuestamente sobornar a cargos políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Valencia y facilitar así operaciones inmobiliarias de envergadura durante el mandato de la alcaldesa popular. Las sociedades del empresario abonaban grandes cantidades de “comisiones de naturaleza ilícita” mediante contratos ficticios, según el sumario del 'caso Azud' al que ha tenido acceso elDiario.es.
El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau recibió dos millones de euros en comisiones
Corbín, casado con la hermana y jefa de gabinete de Rita Barberá, era la “única persona con acceso directo” a la exalcaldesa. Con ese grado de familiaridad, la trama liderada por el abogado consiguió numerosos pelotazos urbanísticos previo pago de comisiones y regalos de lujo.
El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau recibió dos millones de euros en comisiones, repartidos entre sus hijas Sofia y María Ángeles Grau González y sus yernos Eugenio Cámara Alberola y Kent Lawrence Baker mediante ingresos en efectivo y compras de inmuebles.
Grau, un viejo conocido de la Fiscalía Anticorrupción que también está procesado en el marco del 'caso Taula', tenía alquiladas tres cajas de seguridad en dos entidades bancarias para guardar el efectivo de las comisiones. La investigación también salpica al entonces concejal de Urbanismo y actual diputado autonómico del PP Jorge Bellver, que habría participado en ciertas operaciones.
Otro personaje clave fue el abogado José Luis Vera, históricamente vinculado al PSOE y casado con la exdiputada autonómica socialista Antonia Armengol. Vera, letrado del entramado empresarial de Jaime Febrer y José María Corbín, se habría embolsado 1,3 millones de euros con “supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias” por pagos por servicios “inexistentes”. Y todo ello sin contar el dinero en efectivo adicional, según un auto de la jueza instructora.
Vera se encargaba presuntamente de mediar en pelotazos ante las administraciones municipales con cargos vinculados al PSOE gracias a sus “importantes vínculos e influencias dentro de ese partido”. Por su parte, el exsubdelegado del Gobierno y ex concejal socialista Rafael Rubio habría tenido un incremento patrimonial no justificado de 193.000 euros “si bien las cantidades en metálico percibidas fueron superiores”. Además, en una de las tramas “que se urdieron por el Grupo Axis” hay constancia de que habría recibido una comisión en metálico de, al menos, 300.000 euros.
El auto de la jueza instructora reseña las actividades de Jose Luis Vera, que no es militante socialista pero cuya carrera siempre ha estado vinculada al PSPV-PSOE en cargos de alta responsabilidad institucional. Sólo por organizar una comida entre el empresario Jaime Febrer y los socialistas José María Cataluña y Rafael Rubio (para supuestamente desbloquear la oposición a una actuación urbanística) se habría embolsado 150.000 euros.
La investigación también ha detectado abundantes regalos navideños a los políticos y sus esposas, además de a funcionarios del Ayuntamiento de Valencia. Mientras que José María Cataluña, ex tesorero del PSPV-PSOE investigado en la causa, Rubio y Vera solían recibir botellas de vino, los populares Alfonso Grau y Jorge Bellver fueron obsequiados con plumas y relojes de lujo, además de prendas de la marca Loewe.
El esquema de corrupción masiva vinculada al urbanismo funcionó como la seda y la presunta trama exportó su “modelo de negocio” a otros municipios como Xixona, Burjassot o Benicàssim. La red corrupta utilizó cuatro vías para el pago de las comisiones: contratos ficticios (especialmente en el caso de Corbín y Vera), pagos en efectivo, compraventas por precios inferiores al realmente abonado y entrega de regalos “a la práctica totalidad de los investigados” en el marco del 'caso Azud'.
El sumario también revela el alto nivel de vida de los presuntos miembros de la trama. Alfonso Grau, antigua mano derecha de Rita Barberá, adquirió cuatro vehículos BMW y un Mini Cooper. Casi medio centenar de investigados en la causa figuran vinculados a cajas de seguridad en entidades bancarias, supuestamente utilizadas para ocultar a buen recaudo las comisiones cobradas durante el mandato de la fallecida alcaldesa Rita Barberá.